A un año de la tragedia en el AXE Ceremonia: Un expediente abierto y sin responsables
El caso en el que los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas perdieron la vida en el Axe Ceremonia de 2025 sigue abierto
La entrada del Parque Bicentenario este fin de semana permanece abierta de par en par; dentro, los juegos, los inflables, las canchas están pobladas de niños, de familias de la capital, pareciera que en ese inmueble no ocurrió, apenas hace un año, una tragedia.
Parece que por ahí desfilaban en sus enormes áreas verdes miles de fanáticos de la música celebrando en el AXE Ceremonia, y que en medio de esa fiesta dos periodistas perdieron la vida: Berenice Giles Rivera, de 28 años, y Miguel Ángel Rojas, de 26, dos jóvenes que cubrían el evento para Mr. Indie, pero por el desplome de una grúa que no formaba parte del plan de Protección Civil, no pudieron regresar a casa.
La grúa cayó encima de los dos fotorreporteros a las 5 de la tarde de aquel sábado 5 de abril, pero el festival no se detuvo. Luego, entre tres y cuatro horas después del colapso, donde además se pretendió impedir que otros fotógrafos realizaran su labor documentando la caída de la estructura, la jefa de gobierno, Clara Brugada, comunicó oficialmente el fallecimiento de ambos jóvenes. No se activó ningún protocolo y en los escenarios aún desfilaron Natanael Cano, TXT, Charli XCX, y por la madrugada, Simpson Ahuevo, quien demoró más de lo normal en aparecer, pero finalmente lo hizo.
Hoy, el caso que ocurrió en medio de ese festival, que para muchos no debió continuar, se mantiene abierto a un año sin sentencias y marcado por cuestionamientos sobre la actuación tanto de empresas privadas como de autoridades.
Marcado por la inconsistencia
En los días posteriores a los hechos que se dieron en el festival la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación y definió tres líneas principales: la responsabilidad de los operadores de la maquinaria, la de los organizadores del evento y la de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones de seguridad.
Desde el inicio dio a conocer que la estructura colapsada, una grúa utilizada como soporte de un adorno, no estaba contemplada en el programa de Protección Civil presentado para autorizar el festival, lo que apuntó a posibles irregularidades graves en la planeación y ejecución del evento.
Para el día 22 de abril, 19 días después del festival, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se realizaron más de 35 de entrevistas y 20 peritajes técnicos para reconstruir lo ocurrido. Paralelamente, y desde un inicio, el caso escaló a otras aristas y reclamos, principalmente por parte de periodistas, familiares de las víctimas y organizaciones civiles que realizaron protestas y vigilias exigiendo justicia, situando el debate sobre las condiciones laborales en la cobertura de eventos masivos y la seguridad en festivales.
Las investigaciones comenzaron a apuntar hacia varias empresas involucradas en la organización y operación del festival, y para el 9 septiembre del 2025, los padres de Berenice, Raúl Giles y Blanca Lilia Rivera, denunciaron que había inconsistencias en las investigaciones a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, señalando a la Fiscalía capitalina, de proteger a empresas organizadoras del evento, específicamente a Ocesa y a Servicios de Protección Privada Lobo, como la encargada de seguridad del evento.
El avance judicial ha sido lento y accidentado, audiencias diferidas, falta de información clara y acusaciones de opacidad han marcado el desarrollo del caso, con las familias constantemente reclamando un “bloqueo judicial” e incluso exigiendo audiencias con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a dar seguimiento al caso. A 12 meses de los hechos, el expediente se encuentra en una fase intermedia: hay imputaciones y líneas de responsabilidad abiertas, pero aún no hay culpables definidos por un juez.
Hace menos de un mes, Excélsior publicó que Fabián Victoria, representante jurídico de la familia Giles Rivera, informó que lograron impedir que se llevara a cabo una audiencia inicial programada para el 6 de marzo, la cual se pretendía realizar sin incluir a la Ocesa ni a Servicios de Protección Privada Lobo.
Por su parte y, de acuerdo con un comunicado emitido por representantes legales de Miguel Ángel Rojas a mediados de marzo, denunciaron que el juicio ni siquiera hubiera podido iniciarse debido a múltiples amparos emitidos por una de las empresas imputadas, Operadora Eclectic. En total han colocado 15 amparos, de los cuales 13 han tenido éxito para impedir la celebración de la audiencia inicial y el caso pueda finalmente ser presentado a un juez. Además de la familia Rivera de querer involucrar a las empresas arribas mencionadas.
El lunes 9 de marzo, los padres de Berenice recibieron su título profesional póstumo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
El primer aniversario de la tragedia llega sin respuestas. Para este 5 de abril de 2026, se prevén actos conmemorativos impulsados por familiares y periodistas, vigilias, intervenciones simbólicas y protestas en la Ciudad de México que buscan recordar a las víctimas y mantener la presión pública sobre el caso y evitar impunidad, y no perder de vista el debate de mejores condiciones.
