Si algo ha quedado muy claro durante este par de semanas es la indolencia con la que tratamos uno de los temas que más nos afecta como sociedad. Hablar acerca de las y los desparecidos, de los homicidios y, en general, de la violencia que se padece en el país se ha visto condicionada por la narrativa de unos gobiernos que han intentado colocar este tema muy lejos de la discusión pública, del análisis y del escrutinio de instituciones independientes que no han dudado en señalar todo aquello que es síntoma de la realidad.
Así, en cuestión de días, nos hemos enfrentado a las dos caras de una moneda que, al parecer, ha dejado de tener valor para la sociedad. Mientras el gobierno anunciaba su nueva manera de reclasificar y plantear nuevos parámetros estadísticos para abordar el tema de las desapariciones, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) preparaba un informe que no se muestra indulgente ni que otorga concesiones, tal y como se vislumbra en el planteamiento gubernamental. Quizá por ello la reacción oficial y de todo su corifeo ante la publicación de dicho informe ha sido más que previsible; sin embargo, la pregunta más de fondo es nuestro papel como sociedad ante esta situación que, de una u otra manera, determina nuestra cotidianidad.
Si no fuera grave y algo trascendente, inclusive sería gracioso –aunque ya repetitivo– profundizar en el sentido que conllevan los vocablos “parcial” y “sesgado”, adjetivos que empleó la Secretaría de Gobernación para referirse al informe del Comité ya mencionado. Se sabe que, en su propio diccionario de la Cuarta Transformación, esas palabras son el indicativo de que algo ha causado incomodidad y enojo. Fieles a su mecanismo de defensa, de inmediato negaron las palabras del CED, su corifeo lo llamó “tendencioso” y no faltaron quienes –como la actual presidenta de la Cámara de Senadores– abrieran esa otra vía que tanto le gusta al oficialismo al calificarlo de “injerencista”. Y, por si fuera poco, la otrora respetable Comisión Nacional de los Derechos Humanos también dio a conocer una apología del gobierno que, en cuestión de unas cuantas palabras, se ha convertido en la víctima de esta situación. Es muy larga la lista de quienes se encuentran alimentando este discurso y que prefieren envolverse en sus pancartas y consignas partidistas que podrían colocar en entredicho el discurso triunfalista del actual gobierno. Y, a todo esto, ¿nosotras y nosotros, como sociedad, en dónde nos encontramos ante esta crisis que vivimos con más de 132 mil desapariciones y alrededor de 70 mil cuerpos sin identificar? Claro, no faltará quien argumente que, a fin de cuentas, son estadísticas con las que el gobierno pelea un round de sombra.
Se entiende que debe resultar muy incómodo recibir un señalamiento de una entidad que está fuera del alcance del dominio gubernamental y su manto sagrado. No es gratuito que, en diferentes áreas, una de sus principales cruzadas era desaparecer a organizaciones e instituciones que podían apuntalar la transparencia que se le exige a todo gobierno. Paladines de la opacidad, la respuesta oficial ante el CED de la ONU se queda al nivel de una retórica estridente que se ve amplificada por sus arrebatos patrioteros. No se termina por observar que se habla de una crisis que se origina en el sexenio de Felipe Calderón, que continúa con Enrique Peña Nieto y que, según las estadísticas, se acentúa durante los dos últimos sexenios. Esto ya no es un asunto de la partidocracia y del famoso ranking de popularidad: es una tragedia que se necesita observar de distinta manera, con la contundencia de la legalidad y acciones que terminen, de raíz, con la impunidad que ha permitido que este problema haya crecido a lo largo de los años.
Impunidad e indolencia son las palabras claves en este asunto: mientras en la famosa reforma judicial las fiscalías fungieron como plácidos testigos –tan sólo 3 mil carpetas de investigación es un indicativo de que algo no está funcionando, ¿cierto?–, mientras no exista una clara disposición a atender a los colectivos de buscadores y buscadoras, mientras se busquen justificaciones estadísticas y se establezcan eufemismos para evadir la realidad, poco se logrará cambiar. Y, sin embargo, la pregunta más importante radica en discutir nuestro papel como una sociedad que pareciera vivir al margen de esta tragedia.
En efecto, si bien es una terrible problemática que se ha desarrollado a lo largo de más de dos décadas, esta pregunta adquiere aún mayor relevancia, pues quizá lleguemos al momento no tan lejano en el que nos cuestionemos el por qué permitimos que la muerte y la impunidad, la indolencia y la violencia fueran algo tan normal, así, sin tanta retórica partidista ni oficialista ni con la chabacanería de la propaganda.