Piden hasta 5 años de prisión a quien cometa fraude familiar
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para incorporar el delito de fraude familiar en el Código Penal local

El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó ante el pleno una iniciativa para incorporar el delito de fraude familiar al Código Penal local, y establecer hasta cinco años de prisión y multas por más de 26 mil pesos a quien estando casado o en concubinato, compre o transfiera bienes a nombre de terceros, sin autorización de su cónyuge.
La reforma implica adicionar el artículo 232 Bis al código penal para que “a quien en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días la Unidad de Medida y Actualización”.
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El legislador argumentó que durante la pandemia los matrimonios “tuvieron un desplome del 56 por ciento, en este entorno hay procesos de divorcio o separación donde los bienes materiales se convierten en un problema inevitable cuando alguna de las partes, con la intención de desfavorecer al otro, los oculta o transfiere a otra persona, e igualmente los adquiere a nombre de terceros, en detrimento de la sociedad conyugal o del patrimonio común”.
Y argumentó que la iniciativa busca evitar el perjuicio al patrimonio que una parte tiene derecho a recibir en caso de disolución de un matrimonio o concubinato: “inhibiendo mediante la sanción privativa de libertad y pecuniaria, acciones dolosas, poco éticas y fraudulentas que puedan ser cometidas por la otra parte para menoscabar los bienes o recursos generados como resultado del esfuerzo común, protegiendo así a los integrantes del núcleo familiar, sobre todo a los hijos”.
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Y recordó que el fraude familiar es un delito que ya se incluyó en el Código Penal Federal desde el año 2012, y existe a nivel local en Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, y Zacatecas.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para ser analizada y dictaminada.
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