Piden hasta 5 años de prisión a quien cometa fraude familiar

El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para incorporar el delito de fraude familiar en el Código Penal local

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Foto: Pixabay.

El diputado local de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó ante el pleno una iniciativa para incorporar el delito de fraude familiar al Código Penal local, y establecer hasta cinco años de prisión y multas por más de 26 mil pesos a quien estando casado o en concubinato, compre o transfiera bienes a nombre de terceros, sin autorización de su cónyuge.

La reforma implica adicionar el artículo 232 Bis al código penal para que “a quien en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días la Unidad de Medida y Actualización”.

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El legislador argumentó que durante la pandemia los matrimonios “tuvieron un desplome del 56 por ciento, en este entorno hay procesos de divorcio o separación donde los bienes materiales se convierten en un problema inevitable cuando alguna de las partes, con la intención de desfavorecer al otro, los oculta o transfiere a otra persona, e igualmente los adquiere a nombre de terceros, en detrimento de la sociedad conyugal o del patrimonio común”.

Y argumentó que la iniciativa busca evitar el perjuicio al patrimonio que una parte tiene derecho a recibir en caso de disolución de un matrimonio o concubinato: “inhibiendo mediante la sanción privativa de libertad y pecuniaria, acciones dolosas, poco éticas y fraudulentas que puedan ser cometidas por la otra parte para menoscabar los bienes o recursos generados como resultado del esfuerzo común, protegiendo así a los integrantes del núcleo familiar, sobre todo a los hijos”.

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Y recordó que el fraude familiar es un delito que ya se incluyó en el Código Penal Federal desde el año 2012, y existe a nivel local en Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, y Zacatecas.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para ser analizada y dictaminada.

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