El régimen de la 4T parece haber tomado la decisión de ir por la cabeza de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Una operación de ese tamaño sería impensable —imposible— sin el visto bueno de la Presidenta de la República. Así que Palacio Nacional y Morena parecen haber resuelto ejecutar políticamente a Maru Campos por una supuesta traición a la patria y por la forma en que, según ellos, atropelló la soberanía nacional. Anuncian que lo harán echando mano de dos recursos que todavía pueden manejar: las movilizaciones en las calles financiadas con recursos públicos y el mayoriteo en el Congreso para, eventualmente, quitarle el fuero, sentarla frente al dócil Poder Legislativo y triturarla. Nada nuevo, en realidad. Ante esto, el desafuero de López Obrador de 2005 luce hoy como un juego de niños. Llama la atención, eso sí, que la dirigencia de Morena expresara ayer —quizá por descuido— que la responsable de la seguridad de Chihuahua es ella. Rocha no lo fue en Sinaloa; Evelyn no lo es en Guerrero; Maru sí en su estado. Lo demás es el guion habitual: el gobierno federal y el Ejército podrán alegar que ignoraban la infiltración de los agentes de la CIA; Maru, no. Ellos no sabían; ella, sí. ¿Por qué el trato diferenciado? Porque no son iguales. Punto. La operación “Maten a Maru” está en marcha. Falta ver si no termina convirtiéndose en una derrota histórica. Como la de Fox en 2005.