La imagen es de una desolación absoluta, una que debería fracturar la conciencia de cualquier Estado que se jacte de ser soberano.
El 12 de mayo de 2026 será recordado en Guerrero por el eco de las súplicas de un grupo de mujeres indígenas de Chilapa, quienes, de rodillas y ante el lente de un celular, clamaron por la intervención del presidente estadunidense Donald Trump, al señalar una falta de actuación de las autoridades mexicanas para liberar a sus comunidades del asedio de Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones criminales que se disputan la región, convirtiéndola en una zona de guerra.
Mientras decenas, quizá centenares de personas –heridas, algunas de ellas–, abandonaban sus hogares con lo puesto, convirtiéndose en fantasmas del desplazamiento forzado, Palacio Nacional respondía con una retórica que oscilaba entre la prudencia extrema y la abdicación de funciones.
En su conferencia de prensa de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: la prioridad era “preservar la vida” y evitar enfrentamientos que afectaran a la población. “No se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, afirmó, delegando en la Secretaría de Gobernación y en el “diálogo” la resolución de la crisis, que incluía el bloqueo de caminos.
Sin embargo, este llamado a negociar no es una política de paz, sino la culminación de años de arrastrar los pies. Lo que hoy estalla en Chilapa es el fruto podrido de una semilla sembrada hace tiempo. Baste recordar julio de 2023, cuando el entonces presidente López Obrador aseguró que no usaría la fuerza para frenar las movilizaciones de los Ardillos en Chilpancingo, argumentando que no sería “rehén de nadie” y que no caería en “provocaciones”. Esa renuncia al uso legítimo de la fuerza fue, en los hechos, una capitulación.
Desde entonces, la pendiente ha sido vertiginosa. Vimos cómo, al mes siguiente, se dio una infame reunión de la entonces alcaldesa Norma Otilia Hernández con el líder de Los Ardillos y, más tarde, el horror absoluto: el asesinato y decapitación de Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo, en octubre de 2024.
Mientras tanto, Los Tlacos consolidaban su dominio en Taxco mediante violencia extrema, recordada por crímenes como la parálisis total del transporte bajo amenazas de muerte, así como ejecuciones públicas y secuestros que buscaban aterrorizar a todo aquél que no pagara la cuota de extorsión.
El Estado mexicano ha tenido años para desmantelar estas estructuras, pero ha preferido la política del avestruz. Ahora, cuando la situación en Chilapa es insostenible y las familias suplican ayuda a un mandatario extranjero, el gobierno finalmente envía un operativo militar, pero con un matiz alarmante: la negociación directa.
El comunicado 055 de la Secretaría de Gobernación, publicado ayer, es escandaloso. Detalla cómo se entabló comunicación con los líderes de esos grupos delincuenciales para solicitarles, casi por favor, que terminen las disputas. Hablar de “establecer mesas por separado con los dos grupos” no es aplicar la ley, es tratar a cárteles sanguinarios como si fueran actores políticos legítimos o sindicatos en huelga.
Se trata de un error táctico y moral. En Washington, donde la administración de Trump suele acusar a México de no combatir a los cárteles por miedo o complicidad, esta noticia de negociaciones abiertas caerá como gasolina en el fuego de las tensiones binacionales.
Y aquí, ¿cómo se calificará en los círculos oficialistas lo que hicieron esas mujeres de Chilapa? ¿Dirán que son “entreguistas” o “traidoras a la patria” por pedir auxilio a Trump? La verdadera traición no es buscar ayuda donde se cree que existe, sino abandonar a pueblos enteros al arbitrio de bandas que cobran sus propios impuestos, dictan leyes y siegan vidas ante la mirada impasible de las autoridades federales.
La soberanía no se defiende con discursos en el Zócalo, sino garantizando que ningún mexicano tenga que arrodillarse ante una cámara para pedir que un gobierno extranjero haga el trabajo.