Operativo ‘Mochila Segura’: ¿Cuándo y por qué se suspendió en las escuelas?
El operativo 'Mochila Segura' dejó de aplicarse desde agosto de 2019 y hace unos días fue determinado inconstitucional por la SCJN.

Tras conocerse el incidente en el que un menor de 12 años se lesionó en la mano al manipular un arma de fuego en la Secundaria Diurna 79 ‘República de Chile’, en Ciudad de México, la jefa de Gobierno, así como el director del plantel recordaron que ya no sea aplica el operativo ‘Mochila Segura’.
Será la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, quien tras recabar las entrevistas necesarias para deslindar responsabilidades dará a conocer la medida cautelar que se aplicará al menor de edad por ingresar con un arma de fuego a la escuela.
El punto de partida del Operativo ‘Mochila Segura’ fue el caso de Alejandro “N”, de 13 años, quien disparó accidentalmente contra su compañera Dalia ‘G’, en la Escuela Secundaria Ángel Martín del Campo, también de la alcaldía Iztapalapa, pero en el año 2004.
La menor murió cinco días después de recibir el disparó en la cabeza y Alejandro fue llevado al Consejo de Menores Infractores.
Tras esos hechos se puso en marcha el Operativo ‘Mochila Segura’ en Ciudad de México, mismo que se replicó más tarde en diversas entidades del país.
¿Cuándo se dejó de aplicar el operativo ‘Mochila Segura’?
El operativo ‘Mochila Segura’ con el que se verificaba que los alumnos no llevaran objetos que pudieran dañar su integridad, dejó de aplicarse en Ciudad de México desde agosto de 2019, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que éste vulneraba la intimidad y el principio de interés superior de la niñez.
As, la recomendación 48/2019 estableció que esa política violentó “los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez”.
La CNDH investigó el tema, después de que se presentaran dos quejas que argumentaban que la estrategia de “Mochila Segura” representaba “un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana”.
En 2020 el diputado local del PAN, Héctor Barrera, presentó un punto de acuerdo durante la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México, para reactivar el programa “Mochila Segura”, sin embargo el pleno lo rechazó.
De acuerdo a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, las 802 secundarias públicas que hay en la capital, están en clases presenciales, pero desde agosto del 2019, en éstas ya no se aplica el operativo “Mochila Segura”.
¿Por qué la SCJN determinó que el operativo ‘Mochila Segura’ era inconstitucional?
La ausencia de un marco legal y de regulación específica desarrollada en un ámbito de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que normen el programa Mochila Segura, implica la omisión de las autoridades educativas de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos, ya que la intervención y modulación de dichos derechos y sus garantías, sólo podrían ocurrir a partir de una ley, cuya ausencia en el caso, vulnera los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica”, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”
Dicha tesis se publicó el pasado 4 de febrero en el Semanario Judicial de la Federación, luego de que dos padres de familia promovieron un juicio de amparo indirecto contra el operativo, el cual les fue negado por un juez de Distrito.
Los quejosos interpusieron un recurso de revisión, el cual fue del conocimiento de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) quien resolvió en el sentido de revocarla y conceder el amparo.
En la justificación de su decisión, la SCJN aclaró “ello no implica desconocer la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado Mexicano garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad; sin embargo, lo que no puede aceptarse es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometan los derechos de los educandos”.
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