La visita de Markwayne Mullin, el nuevo secretario del Homeland Security de Estados Unidos, no fue de cortesía. El jefe de la seguridad nacional de la Unión Americana vino a establecer con toda claridad, en forma personal, las demandas de su país en los temas de crimen organizado, pero, sobre todo, del desmantelamiento de las redes políticas y de complicidad con el mismo.
Quizá es sólo detalle o una mala impresión, pero Mullin entró a Palacio Nacional con una gruesa carpeta en sus manos que ya no traía cuando salió. Las versiones extraoficiales dicen que allí iban las pruebas y listas básicas, ni remotamente los expedientes que existen en su país sobre funcionarios y políticos mexicanos. Puede ser verdad o no, pero lo cierto es que a eso vino el jefe de la Seguridad Nacional estadunidense. Mientras aquí seguimos con los distractores, la administración Trump no se ha apartado un milímetro de sus objetivos que, paradójicamente, deberían ser los nuestros.
Pero la administración federal sigue dando palos de ciego, huyendo hacia adelante y exhibiendo poca seriedad para tratar la relación con el país del que dependemos económicamente: a Estados Unidos van 85% de nuestras exportaciones, de Texas viene 75% del gas que consumimos (si hubiera un bloqueo, si nos cierran la llave, tenemos reservas de gas para exactamente dos días y medio); 88% del maíz amarillo que consumimos viene de Estados Unidos, pero sacamos leyes “protegiendo el maíz nativo”; ninguna armadora de automóviles, una de nuestras principales industrias de exportación, es mexicana. El Plan México, sin contemplar esa realidad, es una utopía tan volátil como las de Clara Brugada en la Ciudad de México.
Mientras tanto, la relación de políticos y funcionarios mexicanos con el crimen organizado es inocultable, evidente; la inseguridad que vivimos también: el sexenio pasado fueron asesinados 200 mil mexicanos y unos 130 mil están desaparecidos, en el sistema forense hay 70 mil cuerpos sin identificar. Un tercio del territorio nacional está controlado por el crimen organizado.
¿De verdad ante esa realidad quiere el gobierno imponer una narrativa basada en el discurso de una soberanía que, en los hechos, está vulnerada? Sin energía, sin comercio, sin seguridad, sin pleno control territorial, sin mercado para nuestras exportaciones no hay soberanía posible, menos aun con políticos y funcionarios que son empleados y cómplices del crimen organizado y que son protegidos por las autoridades.
Todo es tan poco serio que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la responsable de la gobernabilidad interna, anteayer, interrogada sobre dónde estaba Rubén Rocha Moya, salió con un viejo clásico: “¿Y yo por qué?”, como si no fuera responsabilidad de la encargada de la política interna del país saber dónde está un gobernador con licencia, acusado por Estados Unidos de ser parte del narcotráfico y que, se supone, está protegido por el gobierno, aunque sus custodias, García Harfuch dixit, son de la seguridad estatal.
Ayer, Rosa Icela se vio peor: llegó tarde y en una moto policial a la reunión con el secretario del Homeland Security en Palacio Nacional, para una reunión estratégica, como si hubiera tenido algo más importante que hacer en el día.
Para colmo, a Ricardo Monreal se le ocurre, o le pidieron, presentar una iniciativa de ley que no se atrevió a presentar ni Nicolás Maduro cuando gobernaba Venezuela. Un desastre legislativo que se quiere utilizar para anular cualquier elección (que pierda Morena) simplemente argumentando supuestas intervenciones extranjeras, por ejemplo, en redes sociales, una iniciativa que impediría que hubiera hasta observadores internacionales en nuestras elecciones.
El tema no es la técnica legislativa, se trata simplemente de tener instrumentos para poder anular el día de mañana cualquier elección que pierda el actual régimen. Olvidan, por ejemplo, que hoy mismo se firmarán acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, que incluyen una cláusula democrática que otorga facultades a los países e instituciones de la UE a condicionar cualquier tipo de ayuda o apoyo, e incluso a romper relaciones diplomáticas o comerciales con los países que la violen, y que obligan a mantener (México las firmó desde 2018) instituciones, regímenes, prácticas democráticas y respeto a los derechos humanos. Insistimos, el gobierno federal está embarcado en una fuga de la realidad que sólo lo puede llevar al abismo.
La próxima semana ya no vendrá Sara Carter, la jefa de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca. Se canceló la visita programada para el lunes porque, si no hay respuesta del gobierno federal a las demandas sobre Rocha y los otros encausados o a las demandas que presentó hoy el secretario Mullin en Palacio Nacional, la misma perdía sentido.
Y el jueves próximo llegará el responsable de la negociación del T-MEC, Jamieson Greer. Si no hay respuesta a lo que planteó hoy Mullin, tampoco se avanzará en el tratado comercial. La negociación económica y comercial es compleja y tiene sus propios términos, pero va atada a la seguridad, a la destrucción de las redes políticas de complicidad, a la seguridad jurídica y financiera. Todo va en un mismo paquete y no se podrá avanzar en un tema sin hacerlo en el otro. Y de eso depende, al cien por ciento, el futuro de la economía y, en buena medida, del país. De eso trata cuando sí se quiere defender la verdadera soberanía, no la de libro de texto gratuito versión Marx Arriaga.