La orden ejecutiva firmada por Donald Trump no es, formalmente, una prohibición a las remesas. Pero sería ingenuo leerla como un trámite técnico. Lo que hace es reiterar la desconfianza hacia el gobierno mexicano y colocar bajo sospecha financiera a una población que sostiene dos economías: la de Estados Unidos, con su trabajo, y la de México, con sus envíos familiares.
En ese contexto, es evidente que el gobierno mexicano perdió la narrativa frente a las innumerables revelaciones de su vinculación con el crimen. De ahí que produzca conflictos artificiales que distraigan la atención, desde inmolar a una gobernadora hasta suicidarse cancelando inversiones.
Cuando Washington pide a bancos y reguladores mirar con lupa cuentas abiertas con ITIN (número de identificación del contribuyente), documentos consulares, pagos de nómina irregulares y créditos de personas sin autorización laboral, el mensaje al mercado es claro: atender migrantes puede volverse caro, riesgoso y políticamente incómodo.
El primer impacto será sobre los migrantes. No todos perderán una cuenta ni todos verán bloqueada una transferencia, pero muchos enfrentarán más preguntas, más requisitos, más rechazos y más miedo.
El ITIN, creado para que personas sin número de Seguro Social cumplan obligaciones fiscales, puede convertirse en señal de alarma. Es una paradoja cruel: quien quiso pagar impuestos, abrir una cuenta y enviar dinero por vías legales podría terminar marcado como riesgo. Así se castiga la formalidad y se premia, involuntariamente, la economía de efectivo.
El segundo impacto será para México. Las remesas son un estabilizador de consumo, una fuente de divisas y, para millones de hogares, la diferencia entre comer, pagar medicinas o sostener a un estudiante. El Banxico reportó más de 61 mil millones de dólares en los últimos doce meses y casi todo ese flujo viaja por canales electrónicos. Si esos canales se encarecen o se vuelven más hostiles, el golpe se sentirá en Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y en muchas comunidades donde el mercado local depende del dinero que llega desde California, Texas, Illinois o Arizona.
El tercer efecto es institucional. La orden no habla sólo de migrantes; habla de desconfianza. Estados Unidos está diciendo que no le bastan los controles mexicanos contra el lavado, la evasión de nómina, los prestanombres, el tráfico laboral y los beneficiarios ocultos. Para el gobierno mexicano, el problema ya no es únicamente defender a sus connacionales. Es demostrar que la UIF, el SAT, la CNBV, los consulados y las fiscalías pueden producir información confiable, castigar redes criminales y separar al trabajador honrado del lavador profesional.
El crimen organizado usa remesas, empresas fachada, criptomonedas y cuentas bancarias; eso es real. La deficiente actuación nacional provoca que se confunda el corredor migrante con el corredor criminal.
Esto puede llevar a que los bancos reaccionen con miedo: que cierren relaciones, eleven comisiones, nieguen créditos y expulsen clientes hacia alternativas menos transparentes. El resultado puede ser menos trazabilidad y más informalidad.
México debe proteger a sus ciudadanos, aunque le reste popularidad; debe limpiar el desastre de AMLO, perseguir el lavado y proteger la validez de la matrícula consular como instrumento de identificación segura. También debe abrir una negociación técnica con el Tesoro estadunidense para que la debida diligencia sea proporcional y no una deportación financiera silenciosa.
Es importante distinguir entre la madre que recibe 400 dólares para pagar la luz y la red que lava millones para un cártel. Pero México no es confiable: se ha atrincherado en su ideología para proteger a quienes han financiado con dinero ilícito campañas políticas y campañas de juzgadores.