El aborto es salud, no delito

Vivimos un momento esperanzador en nuestro país: en los últimos meses Nayarit, Yucatán y Campeche han modificado sus Códigos Penales para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con estos avances, ya son 24 estados que reconocen este derecho. 

Sin embargo, incluso en los estados donde el aborto ha sido despenalizado, se mantiene como el único servicio de salud regulado desde el derecho penal. Como ginecobstetra, veo cada día cómo esto impacta en la práctica.

En mi consultorio recibo a mujeres que llegan con miedo de hablar o solicitar la interrupción de un embarazo, por temor a ser criminalizadas. También he visto colegas inseguros de proveer el servicio porque la sombra de la sanción penal siempre está presente.

Cuando un servicio de salud se trata como un delito, el consultorio deja de ser un espacio de confianza y cuidado para convertirse en un lugar marcado por el estigma y el miedo. Y esa no es la medicina que juramos ejercer.

Lo que vivo en mi consultorio también lo confirma la evidencia internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la criminalización no reduce el número de abortos, por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna.

Tratar el aborto como delito crea barreras legales y perpetúa el estigma, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres y otras personas gestantes, al dificultar su acceso a la atención médica que necesitan.

Por eso, el aborto debe salir del Código Penal y regularse únicamente como lo que es: un servicio de salud. Solo así podremos garantizar atención segura, basada en evidencia científica, y un sistema que priorice el cuidado por encima del castigo.

Hoy, el Congreso de la Ciudad de México tiene en sus manos una iniciativa para eliminar el aborto del Código Penal. Regular la interrupción del embarazo desde la perspectiva sanitaria, con protocolos claros y evidencia científica, es necesario para garantizar acceso seguro y digno.

La experiencia de la Ciudad de México demuestra la diferencia y la importancia de este cambio. Aunque fue pionera en legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sigue siendo la entidad federativa donde más se abren carpetas de investigación por este delito. Entre enero y septiembre de 2024, se iniciaron 592 carpetas de investigación por el delito de aborto en México, 131 de ellas en la Ciudad de México. 

Al seguir tratándose como un delito, se perpetúan el estigma y el miedo, disuadiendo a muchas mujeres de acceder a los servicios que necesitan o llevándolas a hacerlo demasiado tarde. Además, regularlo como un tema penal contribuye a la falta de acceso a la capacitación y actualización necesaria para que los procedimientos se realicen de manera segura y adecuada. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situaciones de mayor precariedad, quienes enfrentan más barreras de acceso.

Las mujeres, niñas y personas gestantes merecemos un marco legal que garantice nuestro derecho a la salud. Como cualquier otro servicio de salud, la implementación del aborto debe basarse en evidencia científica, no en prejuicios.

Esto implica garantizar espacios adecuados, consejería basada en evidencia, acceso a medicamentos, protocolos de atención y capacitación continua. El aborto salva vidas. Como médicas y médicos, sabemos que cuando una persona accede a la interrupción del embarazo de forma segura y oportuna, prevenimos complicaciones graves, secuelas de salud e incluso la muerte.

Es fundamental que las y los legisladores escuchen al personal de salud, porque somos quienes vemos día a día las consecuencias de este marco legal. 

México fue pionero en Latinoamérica cuando la Ciudad de México aprobó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Ahora tenemos la oportunidad de liderar de nuevo en la defensa de los derechos reproductivos: hacemos un llamado urgente a las y los legisladores para que eliminen el delito de aborto de todos los Códigos Penales y lo reconozcan oficialmente como lo que es: salud, no delito.