Febrero marca, en los hechos, el verdadero arranque del año político en México. No lo determina el calendario civil ni el ritual del cambio de hojas, sino la reapertura del trabajo legislativo ordinario y la reactivación plena de las correlaciones de fuerza en el poder público. Con el inicio de sesiones en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Estado recupera su pulso institucional y la política abandona la inercia administrativa de enero para entrar en su fase deliberativa, decisoria y estratégica. Este periodo no es menor. En el Congreso se concentran los pendientes estructurales que definirán la arquitectura jurídica del país en los próximos años: reformas constitucionales, ajustes al diseño institucional, adecuaciones al marco electoral, redefiniciones en materia de seguridad, justicia, soberanía y relaciones entre poderes. No se trata de una agenda coyuntural, sino de un momento de reordenamiento normativo que exige técnica legislativa, visión de Estado y comprensión histórica del ciclo que se abre.
Febrero también inaugura, sin estridencias, la fase política que trasciende la jornada electoral. Las sucesiones del próximo año comienzan a delinearse no en mítines ni en propaganda, sino en la capacidad de construir mayorías, fijar prioridades y administrar los tiempos del poder. La política madura no se anuncia: se ejecuta. Y es en este mes donde se mide quién gobierna con método y quién sólo administra la circunstancia. Desde una perspectiva sociológica, el arranque legislativo funciona como termómetro de legitimidad. Las mayorías parlamentarias no sólo reflejan resultados electorales; expresan también consensos sociales, pactos tácitos y expectativas colectivas. La ley, en su dimensión más profunda, no es únicamente norma escrita, sino síntesis de equilibrios sociales. Por ello, cada reforma constitucional es, en realidad, una decisión sobre el modelo de país.
En contraste, la oposición llega a este inicio político sin densidad intelectual ni liderazgo reconocible. Su discurso carece de proyecto y se limita a explotar el morbo, la ficción y la descalificación sistemática. No hay propuesta, sólo repetición; no hay diagnóstico, sólo consigna. Acompañados por columnistas e informadores que reciclan los mismos encabezados, apuestan a la narrativa sensacionalista como sustituto del pensamiento político. El resultado es elocuente: ni crecimiento en simpatía social ni recuperación de credibilidad pública. La estridencia no construye confianza; la reiteración del descrédito no genera alternativa.
Históricamente, los momentos de mayor fortaleza institucional en México han coincidido con Congresos activos y agendas claras. Febrero, por ello, no es un mes más: es la bisagra entre la administración del poder y su ejercicio pleno. Aquí se define si la política será instrumento de transformación o simple escenario de ruido. El año político, en rigor, comienza ahora. Y con él, la responsabilidad de legislar para el largo plazo, no para la nota del día.