Respalda Rubén Moreira demandas de jubilados por tope de pensiones
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que impulsará una reforma al artículo 127 de la Constitución para eliminar de forma definitiva los topes a las pensiones.
El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, informó que sostuvo un encuentro con integrantes de la Alianza del Sector Energético de Jubilados de la Península de Yucatán y de la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural (Banrural), a fin de conocer sus demandas.
El legislador se pronunció a favor de reformar el artículo 127 de la Constitución, a fin de erradicar los topes a las pensiones, que calificó como una injusticia, y responder así a las peticiones de las personas que resultaron afectadas por esa medida.
Reseñó el parlamentario opositor que se realizó una mesa de trabajo con integrantes de ambas organizaciones en el Senado de la República, donde estas reconocieron el apoyo que han recibido para visibilizar la afectación que enfrentan como exservidores públicos de confianza.
Como parte de ese diálogo, anunció Moreira que se trabaja en una propuesta de reforma que elimine la condición retroactiva a la que se refiere el artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional.
Cecilia Navarro, vocera de la Alianza del Sector Energético, y María del Socorro García Mora, presidenta de la Asociación de Jubilados de Banrural, informaron a los legisladores que buscarán el respaldo del resto de las fuerzas políticas, con el objetivo de que se sumen a la construcción de la citada iniciativa.
En la mesa de trabajo, los jubilados explicaron que existe un criterio administrativo de la Consejería Jurídica de la Presidencia para ajustar el tope al 100 por ciento de la remuneración de la titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, argumentaron que esa medida es insuficiente.
Plantearon que su exigencia es una corrección que se eleve a rango constitucional y se derogue el artículo segundo transitorio, ya que este establece un antecedente peligroso que permite que derechos adquiridos y protegidos por convenios laborales sean afectados de manera arbitraria.