En un museo de aviones de guerra de Santa Teresa, Nuevo México, el FBI exhibe la avioneta en la que Ismael El Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024: un Beechcraft King Air con el número de serie limado, la matrícula clonada y un tanque extra escondido en el fuselaje. La placa presume el operativo. Los trofeos siempre cuentan la historia del cazador.
Durante dos años, la pregunta que Washington quiso instalar fue si México es un “narcogobierno”. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo algo más eficaz que responderla: la cambió. “¿Quién mintió?”, preguntó en la mañanera. No es un matiz. Quien responde una acusación la valida; quien la sustituye obliga al acusador a rendir cuentas. En 2024, el embajador Ken Salazar aseguró que ninguna agencia de su país participó en el traslado. Hoy el FBI presume la operación en un museo. Alguien mintió, y ya no le toca a México probar su inocencia, sino a alguien más explicar su mentira.
Conviene decir para qué sirve la etiqueta de narcogobierno. No es un instrumento diplomático: es un producto de consumo interno mexicano. Se fabrica en Washington, pero se vende aquí, con distribuidores entusiastas: bastó que el Departamento del Tesoro insinuara una red de “huachicol fiscal” para que Ricardo Anaya y Rubén Moreira corrieran a amplificar el señalamiento. La lógica es rentable: si el gobierno es un cártel, no hace falta programa; basta el exorcismo.
La memoria ayuda. En 1990, cazarrecompensas pagados por la DEA secuestraron en Guadalajara al médico Humberto Álvarez Machaín y lo entregaron en El Paso; la Suprema Corte estadunidense avaló el método y, al final, un juez lo absolvió por falta de pruebas: secuestraron a un inocente. Entre 2009 y 2011, Rápido y Furioso dejó “caminar” dos mil armas hacia los cárteles con la venia de la ATF. En 2020, la DEA detuvo al general Cienfuegos sin avisar a México. La gramática se repite: el fin justifica los medios y a México se le informa después, o nunca. El avión de Santa Teresa no es una anomalía; es una tradición.
Y aquí la vuelta completa. Si de pactar con narcotraficantes se trata, la defensa de Zambada sostiene —con reportes de prensa que la respaldan— que el operativo nació de tratos entre el hijo de El Chapo y autoridades estadunidenses: una agencia negociando con un capo la entrega de su padrino. Mientras tanto, el funcionario mexicano de mayor rango condenado por proteger al narco se llama Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, sentenciado en Brooklyn por recibir dinero del Cártel de Sinaloa. Cuando Sheinbaum ordenó que su línea del tiempo arrancara en el año 2000, devolvía el paquete a su remitente.
La sutileza es la estrategia. El adversario nunca es Donald Trump: son “algunas agencias” y un embajador del gobierno anterior. La Presidenta incluso deja abierta la puerta a hablarlo con él. Así defiende la soberanía sin romper el canal con el único hombre capaz de frenar a sus propios halcones, ordena el tablero interno y deja a la oposición defendiendo los métodos de agencias extranjeras y el expediente de sus propios gobiernos.
Sería deshonesto no advertir lo que la versión oficial calla. La línea del tiempo que arranca en 2000 pasa de puntillas por el Culiacanazo y por el hecho incómodo de que la captura ocurrió bajo un gobierno de la 4T. Y este gobierno también entregó al piloto del vuelo por la vía excepcional de la Ley de Seguridad Nacional. Si el reclamo de soberanía no se traduce en consecuencias verificables, quedará en gesto: la congruencia se prueba en los expedientes, no en la plaza pública.
Pero el movimiento ya está hecho. El avión seguirá en su vitrina, contando la versión del cazador; del lado de acá, un país decidió que la historia de su casa no se escribe en el museo de otro. ¿Quién mintió? La respuesta llegará o no llegará. La pregunta, en cambio, ya cambió de dueño.