El poder ciudadano

Es prácticamente un hecho que los senadores de la República —de los principales partidos políticos— aprobarán en horas una reforma político-electoral que, aun con severas limitaciones, será el primer paso para reintegrar una porción fundamental del poder a los ciudadanos.

Si se prefiere ver la reforma en sentido contrario, se trata de una iniciativa que, de aprobarse en los términos que plantea su exposición de motivos, pondrá límites mínimos —pero fundamentales— a la grosera partidocracia: engendro fáctico que en la última década literalmente secuestró el poder público y el político. ¿Pero de qué estamos hablando?

Poca cosa: de que la iniciativa de reforma político-electoral que empuja el senador Manlio Fabio Beltrones propone la reelección inmediata en cargos de elección popular —diputados y senadores—; reconoce las candidaturas independientes en cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, y acepta el concepto de iniciativa popular, junto con los de referéndum y plebiscito.

En los tres casos —y se debe insistir, a pesar de severas limitaciones— se trata de reformas que reintegran a los ciudadanos parte fundamental de sus derechos y libertades. ¿Por qué son avances parciales? Porque los senadores rechazaron eliminar, por ejemplo, la grosera figura de diputados plurinominales; porque la reelección sólo será aplicable a legisladores, y no a presidentes municipales; porque permanece intocada la ofensiva prohibición para que particulares compren tiempo en radio y televisión en épocas electorales —lo que por cierto no impide la guerra sucia como la lanzada por AMLO contra el gobierno de Calderón— y porque no se toca la reelección presidencial y tampoco la segunda vuelta en elecciones presidenciales.

Aun así, las bondades de la reforma están a la vista. En el primer caso, la reelección de legisladores es un avance fundamental. ¿Por qué? Porque queda en manos de los ciudadanos, y no de las estructuras de partido, la posibilidad de que un legislador continúe o no en su cargo. En otras palabras, que los ciudadanos tendrán la posibilidad de premiar y/o castigar a los legisladores que cumplan o defrauden. De esa manera los legisladores le deberán el cargo no al partido, sino al ciudadano.

En el segundo caso, el de las candidaturas independientes, vale recordar que la Carta Magna establece el derecho universal ciudadano de votar y ser votado. Pero resulta que la Constitución limita el derecho a ser votado, ya que lo condiciona a pertenecer a un partido político. Con la reforma, los ciudadanos sin partido podrán aspirar a puestos de elección popular. Aquí se debe aclarar que esta enmienda constitucional es un logro de Jorge Castañeda, quien llevó su caso a la Corte Interamericana, la que falló contra el Estado mexicano, al limitar el derecho de Castañeda a postularse como candidato presidencial independiente.

El tercer caso, el de iniciativa popular, es otro ejemplo de que la partidocracia retrocede ante la realidad aplastante del poder ciudadano. Es decir, que los mortales podrán presentar iniciativas de reforma, sin pertenecer a partido, sin la mediación de un grupo parlamentario, sólo con el cumplimiento de ciertos requisitos de legitimidad. Pero además se podrían cumplir viejas aspiraciones ciudadanas: las de llevar a la Carta Magna el referéndum y el plebiscito.

Sin duda que se trata de un paquete de reformas en donde retrocede ese poder absoluto llamado partidocracia, para devolver derechos y libertades a los ciudadanos, al tiempo que le regresa un derecho fundamental al Poder Ejecutivo. ¿Cuál? El derecho de veto al Presupuesto. En efecto, si se aprueba como se propone la reforma, el Presidente tendrá facultad de veto presupuestal. Pero frente a tanta “bondad” de los partidos y sus dueños, surge la gran pregunta: ¿Qué quieren a cambio los partidos, los políticos, la clase política?

Está claro que en política nada es gratuito y la reforma que reintegra partes fundamentales del poder a los ciudadanos, que devuelve al Ejecutivo el derecho de veto presupuestal, también le otorga al Congreso un control fundamental en órganos reguladores, como la Cofetel, la Cofeco y la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué tal? ¡La clase política no da paso sin guarache! Al tiempo.

 EN EL CAMINO

Empezó la guerra sucia, la desató AMLO y su claque de vividores del poder. Lo curioso es que el presidente del IFE, palomeado por AMLO, no dice ni pío. La nueva realidad del IFE: la de un títere sin cabeza.