Edith Guadalupe Valdés Zaldívar tenía 21 años y salió de su casa en Iztapalapa el miércoles 15 de abril a una entrevista de trabajo. Su cuerpo fue encontrado este viernes dentro de una bolsa de plástico en el sótano del edificio al que había entrado a buscar empleo, en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. No hay forma de escribir eso sin que algo se rompa adentro.
Pero lo que rompió este caso no es sólo la brutalidad del crimen. Es lo que ocurrió alrededor. El sistema que debía protegerla y encontrarla cuando desapareció funcionó exactamente al revés.
Cuando la familia reportó su desaparición ante la Fiscalía de la Ciudad de México y solicitó acceso a videos de vigilancia, recibieron negativas, solicitudes de dinero y respuestas ambiguas sobre el funcionamiento de las cámaras. En el Ministerio Público les dijeron que esperaran 72 horas, que “tal vez se había ido con amigas o un novio”. La madre de Edith lo dijo sin rodeos frente a las cámaras: “Les estoy preguntando a qué hora salió mi hija y no me dan respuesta, me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale.”
Entonces la familia hizo lo que el Estado no. Acudieron a vecinos y comerciantes, quienes les proporcionaron grabaciones donde se observaba a Edith llegando al edificio. El personal de seguridad del inmueble negó inicialmente su ingreso; sólo tras la entrega de pruebas admitieron que sí había entrado. La tía de Edith declaró que fueron la familia y los amigos quienes investigaron y dieron con el lugar donde fue hallado el cuerpo, no la Fiscalía. Ellos. Con su dolor. Con su miedo. Con su rabia. Ellos encontraron a Edith.
Hay varias capas de horror aquí y conviene nombrarlas sin eufemismos. La primera es el feminicidio mismo: una joven que sale a buscar sustento y es asesinada. La segunda es la trampa laboral, ese mecanismo infame de la cita de trabajo falsa que es ya un método documentado de captación de víctimas en esta ciudad. La tercera, quizás la más corrosiva, porque implica a quienes cobran por proteger, es la corrupción institucional: la Fiscalía confirmó que separó del cargo a un servidor público señalado por presuntos actos de corrupción en el caso. Un funcionario que en lugar de buscar a una joven desaparecida le pidió dinero a su madre. Eso no es una falla del sistema. Eso es el sistema fallando deliberadamente.
Bertha Alcalde fue enfática: “Ninguna omisión ni actuación fuera de la ley tiene cabida en el servicio público. Habrá consecuencias administrativas y, en su caso, penales para el personal de la Fiscalía y para cualquier otro funcionario involucrado”. Las palabras suenan bien. Suenan a lo que debe decirse. El problema es que llevamos años escuchando exactamente esas palabras después de exactamente estos desastres, y la cadena, simplemente, no se rompe.
Edith no es la primera. No será la última. Y eso es lo más insoportable de escribir.
Lo que este caso le dice a cada mujer en esta ciudad es brutal en su claridad: si desapareces, tu familia tendrá que investigar sola, enfrentarse a puertas cerradas, bloquear avenidas para que alguien voltee a verlas, y rezar para que los vecinos hayan tenido mejores cámaras que el C5. El Estado no llega primero. Llega después, a dar declaraciones.
Hoy el cuerpo de Edith está en una bolsa de plástico en un sótano de la Benito Juárez. Su madre ya sabe la verdad que ninguna madre, nunca, quisiera saber. Y nosotros seguimos preguntándonos cuántas más Edith hacen falta para que algo, de verdad, cambie.
Descansa, Edith. Ojalá hubiera bastado con querer un trabajo.