Violencia política detonó con la guerra antinarco; alternancia incomoda a delincuencia

La violencia política en México, principalmente en época electoral —como la que está en curso en 6 estados del país—, está íntimamente ligada a las bandas del crimen organizado; opera principalmente en el ámbito municipal y se recrudece cuando hay alternancia; el cambio de partido en el poder resquebraja la red de protección de la que depende la operación de la delincuencia que trata de incidir en la vida política del país. 

La doctora Sandra Ley Gutiérrez, profesora investigadora titular de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó a Excélsior la génesis y el desarrollo de la violencia política en México en los últimos años. 

 El análisis de Ley Gutiérrez se centra en que le violencia política va de la mano de la construcción con la democracia en México; detonó a gran escala a partir de la guerra contra el narcotráfico en la administración del presidente Felipe Calderón y que en las elecciones de 2018 y 2021 alcanzó índices superlativos. 

 De acuerdo con estadísticas de Data Cívica, entre 2018 a 2022 se han registrado 626 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. 

 El 2021 tiene el registro con la mayor cantidad de hechos de violencia criminal-electoral, con 176 y 2018 tiene un registro de 166. 

En lo que va de este año electoral, que el próximo 5 de junio renovará gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo se han registrado 86 hechos. 

“La violencia del crimen organizado en México empieza a escalar a mediados de los noventas, cuando hay alternancia de los partidos en el poder en México; la democracia empezó a nivel local, Baja California (1989), Chihuahua (1997), y es ahí que se aprecia que cuando llegan nuevos partidos al poder (en ambos casos PAN por PRI) se resquebrajan las redes de protección de las cuales depende el crimen. 

 “Al llegar partidos diferentes al poder, entonces se genera una enorme inestabilidad y empezamos a ver el surgimiento de mayores picos de violencia por los cambios que surgen en el mercado criminal”. 

Ley Gutiérrez explicó que los grupos delincuenciales “empiezan a crear sus propios brazos armados; surgen los Zetas —1999, originalmente al servicio del cártel del Golfo—, La Línea —en 2008 al servicio del cártel de Juárez—; cada cártel empieza a generar su propio brazo militar como una forma de autoprotegerse, hasta que puedan volver a tejerse esa red de protección con un nuevo gobierno. 

 “La tragedia de la democracia mexicana es que esas redes nunca se desmantelaron luego de la transición a la democracia en el año 2000 y entonces entramos al nuevo milenio con un proceso de aumento de la violencia que se recrudece por supuesto en el 2006, con la guerra contra las drogas. 

“Aún más importante es lo que encontramos en ese contexto: esa guerra contra las drogas tiene estos elementos electorales, políticos y partidistas que la guían en donde hay mucha mayor cooperación entre gobiernos del mismo partido; en su momento el PAN, para los gobiernos panistas, pero no así para los gobiernos de izquierda, con quienes el entonces presidente Calderón estaba confrontado, entonces, donde vemos mayor violencia es en esos estados de izquierda, en un contexto de polarización. 

 “Hoy, desafortunadamente ese contexto de polarización continúa y me parece que seguimos viendo las consecuencias de ese uso político de las instituciones de seguridad y justicia en el país”.  

DETRÁS 

Autora junto con Guillermo Trejo del libro Votos, droga y violencia, de la editorial Debate, la investigadora del CIDE explicó que sus investigaciones sobre la violencia criminal electoral han podido identificar que detrás de la violencia que ocurre contra actores de la vida política del país está el crimen organizado, particularmente en el marco de las elecciones. 

Sandra Ley señaló que “es importante tomar en cuenta que en México el crimen organizado tiene una búsqueda de influencia en los procesos electorales desde mediados de años dos mil; en 2006 empezamos a ver cómo aumentó esta violencia. Lo que llama la atención es que en el trabajo que hicimos con Guillermo Trejo, identificamos 400 eventos de violencia política entre 2006 y 2012, y ahora esa violencia la hemos visto acumulada en unos cuantos años. 

“Desafortunadamente se ha visto un recrudecimiento; el crimen está tratando de incidir en la vida política del país con una particular influencia en el nivel local; una de las cosas que identificamos fue que en 2021 empiezan a reacomodarse los intereses del crimen organizado; ojalá le pusiéramos atención a esa violencia mucho más allá de las elecciones, porque cada elección no debería sorprendernos cuando es un proceso que no se ha detenido desde 2006”. 

  De acuerdo con Ley, sí hay algo que se puede hacer para revertir esta violencia política. 

“Estamos en un momento que ha evolucionado a tal grado la violencia política que es difícil pensar en una solución fácil y directa, pero sí hay cosas que debemos estar haciendo; tener diagnósticos claros de esos proceso de violencia contra políticos; empezar a generar mejores mecanismos de inteligencia sobre los perfiles de los candidatos, sus distintas redes y conexiones, deberíamos tener mejores sistemas de alertas, para mapas de riesgos de los que enfrentamos en las elecciones y poder proteger a votantes y a candidatos. 

 “Me parece que nos hacen falta mejores análisis, por eso la importancia del proyecto con Data Cívica, del alcance que tiene esta violencia y de cómo se ha transformado la política local, porque hasta ahora solamente medimos estos eventos, pero no profundizamos en sus efectos”, lamentó. 

Desairan Plataforma electoral 

Aguascalientes y Quintana Roo son las entidades cuyas candidatas y candidatos a la gubernatura han contestado y enviado, en su totalidad, el cuestionario enviado por la iniciativa Voto Informado que involucra a institutos electorales estatales de las seis entidades con elecciones para la gubernatura, el INE y la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 De los 27 candidatas y candidatos a una gubernatura en las seis entidades con elecciones, 19 ya entregaron sus cuestionarios y faltan sólo ocho por hacerlo. 

Así lo informó Jesús Isaac Flores, integrante del Comité organizador de la iniciativa. 

 Movimiento Ciudadano es el único partido cuyos seis candidatos y candidatas han enviado ya sus cuestionarios contestados. 

En Durango no han contestado los candidatos de las dos grandes alianzas, Esteban Alejandro Villegas Villarreal de PAN-PRI-PRD, y Marina Vitela de la alianza Morena-PT-RSP. 

 En Tamaulipas, Américo Villareal, no ha contestado el cuestionario. 

 En Hidalgo, ni Julio Menchaca, ni Carolina Viggiano han enviado el cuestionario contestado y en Oaxaca Alejandro Avilés del PRI-PRD, y Mauricio Cruz, candidato independiente no han contestado. 

CLARIDAD 

El cuestionario informa a la ciudadanía sobre las propuestas de las y los candidatos y sus puntos de vista sobre temas específicos de manera muy clara y concisa, mediante preguntas a las y los candidatos. 

Por ejemplo, se les pregunta por mantener o eliminar impuestos, políticas públicas específicas, discriminación y retos sociales, así como los   datos sociodemográficos de la o el candidato a un puesto de elección. 

— Aurora Zepeda