Van contra empresa que cuidaba estancia

La empresa de seguridad privada que estaba a cargo de la vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez tenía diversas irregularidades, reveló Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Grupo de Seguridad Privada CAMSA, SA. de CV sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con diez uniformes, sin embargo, el contrato que firmó con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por desplegar a 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados, indicó la funcionaria.

En conferencia, agregó que tampoco cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal. Su solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC es del 3 de septiembre del 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024.

Ya se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail, así como a representantes y apoderados legales, información que ya fue proporcionada a la Fiscalía General de la República”, abundó.

Y paralelamente al proceso penal que lleva la FGR sobre la probable responsabilidad de la empresa en la tragedia que dejo 39 migrantes muertos, se inició un proceso administrativo sancionador para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.

Ante esto, las investigaciones por la muerte de 39 personas en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, llegarán “hasta donde tope”, ofreció la funcionaria federal.

Del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad.

Lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope. Entonces, nosotros no estamos más que por la sanción de estos hechos lamentables y pues estamos totalmente con las víctimas”, afirmó.

La secretaria de Seguridad Pública y Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR, ofrecieron un segundo informe sobre la atención a las víctimas por el incendio ocurrido en la estancia del INM en Juárez.

CITARÁN A SOCIOS

Rodríguez explicó que serán citados a declarar los socios de la empresa, David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, por irregularidades en el servicio.

La titular de la SSPC indicó que giró la orden para suspender los servicios de esta empresa, y serán sustituidos por 48 elementos del Servicio de Protección Federal (SPF), para hacerse cargo de la vigilancia en la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Informar que dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.

Incluso, ya solicitamos al INAMI rescindir el contrato con esta empresa y a partir de mañana elementos del SPF asumirán las labores de seguridad en las estaciones, en las instalaciones de la estación migratoria de Ciudad Juárez”, explicó la secretaria.

En la segunda conferencia sobre la muerte de los 39 migrantes, Rodríguez indicó que ya se estableció una mesa de trabajo, con autoridades diplomáticas de los países de las víctimas.

En el informe se detalló que, hasta la tarde del jueves, de las 28 personas reportadas como heridas, 5 son salvadoreños, 10 guatemaltecos, 8 hondureños y 5 de Venezuela.

De este grupo se indicó que 27 permanecen hospitalizados, con la recomendación de los médicos de no moverlos de lugar, ya que están recibiendo diversos tratamientos.

Además, uno ya fue dado de alta y de la explicación que dio la fiscal Herrería se deduce que es el migrante señalado como quien inició el fuego y por quien se solicitó una orden de aprehensión.

Ante la insistencia de las preguntas sobre si se va a citar a declarar al contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua y responsable de los Centros de Atención a Migrantes; al titular del INM, Francisco Garduño, o a los secretarios de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, ambas funcionarias indicaron que eso se decidirá conforme avancen las investigaciones.

“Apenas ha informado la Fiscalía que se está haciendo la revisión muy precisa, entonces vamos a esperar, eso es la cuestión, pero se va a hacer de manera muy puntual, no se va a evadir ninguna responsabilidad”, dijo Rodríguez.

La fiscal de Derechos Humanos explicó que por estos hechos se concedieron 6 órdenes de aprehensión, de las cuales 5 fueron cumplimentadas.

El día de hoy en la madrugada finalizó la audiencia y se concedieron 6 órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INAMI, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

Ordenes que se solicitaron por el delito de homicidio dolosos así como con dolo eventual, y por el delito de lesiones en contra de 67 extranjeros, 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”, explicó la fiscal.

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