Vacío normativo: UNAM permite a quienes hacen trampa volver a buscar un lugar

La normativa de la Universidad anula el proceso vigente ante anomalías, pero no inhabilita al aspirante. La DGAE confirma que no existe un veto permanente para volver a presentar el examen de admisión en futuras convocatorias

En medio de la crisis provocada por las anomalías detectadas en el examen de ingreso 2026 y del discurso institucional en defensa de “el esfuerzo y la honestidad”, las propias autoridades de la UNAM han reconocido que un aspirante sorprendido haciendo trampa no queda vetado de futuros procesos de admisión.

La consecuencia prevista por la Universidad ante una irregularidad es la cancelación del examen y del registro en ese concurso específico. Sin embargo, quien incurra en conductas prohibidas podrá volver a inscribirse en una convocatoria posterior para competir nuevamente por un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

Así lo sostuvo Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar (DGAE), durante una reunión con medios realizada en enero, previo a la aplicación del examen de ingreso a licenciatura.

“Y a quien se le canceló, puede volver a participar. O sea, no hay una limitante. Es simple: este acto se canceló por una actitud o por un acto que va en contra de lo que se ha establecido”, señaló la funcionaria.

La declaración cobra especial relevancia mientras la Universidad analiza las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026. En esa misma reunión, Ramírez Wence explicó el criterio con el que actúa la DGAE cuando un examen es cancelado.

Estamos obligados a atenderlos, ¿por qué? Porque finalmente ellos han pagado por un servicio, por un derecho, y estamos obligados a hacerlo con la mejor de nuestras voluntades y escucharlos y atenderlos, pero también mostrar las razones por las cuales, en apego a la legislación y a esta norma, se cancela un examen”, afirmó.

La norma cancela el examen, pero no inhabilita al aspirante

La Convocatoria de Ingreso a Licenciatura 2026 establece que cualquier incumplimiento de las reglas del proceso o la comisión de irregularidades traerá como consecuencia la cancelación del registro como aspirante.

Entre las conductas sancionadas se encuentran la suplantación de identidad; hablar o interactuar con otras personas durante la prueba; compartir reactivos en redes sociales; fotografiar o copiar preguntas; utilizar teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, calculadoras, libros o cualquier material no autorizado, así como “cualquier otra acción u omisión que se considere como ventaja para la persona aspirante”.

La convocatoria también prevé que el examen pueda ser cancelado incluso después de haber sido presentado, cuando las auditorías posteriores acrediten una irregularidad, aun si el aspirante ya fue seleccionado, se inscribió o incluso comenzó a cursar estudios en la Universidad.

Sin embargo, ni la convocatoria ni el Reglamento General de Inscripciones establecen una inhabilitación para participar en futuras convocatorias. La consecuencia prevista es la pérdida del derecho a continuar en ese proceso de selección, no un veto permanente para volver a concursar.

La declaración de Ramírez Wence fue hecha seis meses antes de que estallara la crisis por el examen de ingreso 2026, cuando la UNAM defendía el nuevo modelo de evaluación en línea.

En aquel momento, la funcionaria destacó el compromiso de realizar el proceso con transparencia y garantizar que se llevara a cabo en condiciones de igualdad.

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