1. Expediente abierto. Mientras la oposición intenta convertir a Ernesto Ruffo en bandera de persecución política, desde Palacio Nacional el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó la responsabilidad en la cancha de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, al señalar que sólo la fiscalía podrá determinar si existen elementos para investigar los viejos señalamientos sobre una presunta protección al cártel de los Arellano Félix. Si aparecen evidencias, el expediente podría crecer; si no, el gobierno tendrá que sostener que el caso se limita al proceso por presunto huachicol. En política, los archivos rara vez permanecen cerrados.
2. Depuración voluntaria. El INE, encabezado por Guadalupe Taddei, construye un filtro para evitar que perfiles con posibles vínculos criminales lleguen a las boletas. Se creó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas con los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. El grupo concentrará información de la FGR, el CNI, la UIF y la CNBV para elaborar evaluaciones de riesgo que entregará, de manera voluntaria, a partidos y candidaturas independientes. La incógnita es si los partidos estarán dispuestos a sacrificar candidaturas competitivas cuando las alertas los alcancen.
3. Cambio. Una jornada de atención integral se vivió en Olinalá, Guerrero, donde una comitiva de alto nivel llegó a escuchar a los habitantes. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla; la gobernadora Evelyn Salgado, el alcalde Manuel Sánchez, así como Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH en México promovieron entornos más seguros para construir la paz. Tanto autoridades federales, estatales, municipales, FA, iglesia católica y la ONU están comprometidos para que llegue la justicia social a la Montaña Alta. La coordinación interinstitucional es la ruta correcta.
4. Guerra de exaliados. La disputa política en Baja California escaló al terreno penal. Marina del Pilar Ávila denunció a Jaime Bonilla por la presunta filtración de los audios sobre la cancelación de su visa y aseguró haber sido víctima de una emboscada. La gobernadora sostiene que Bonilla, hoy dirigente estatal del PT, fue quien la puso en contacto con supuestos intermediarios de autoridades de EU para después difundir la conversación con fines políticos. El conflicto revive viejas fracturas entre quienes alguna vez compartieron proyecto. La batalla se libra en tribunales y en la arena pública.
5. Reclamos. El temor al despojo no es un asunto lejano. Habitantes de la colonia Del Valle, en la CDMX, acudieron a la fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde, para exigir acciones contra una modalidad delictiva que, aseguran, opera mediante redes organizadas. Acompañados por Arturo Santana, hijo de doña Carlota, impulsan la llamada “Ley Carlota”, con la que buscan agilizar la restitución de inmuebles invadidos y endurecer las sanciones. El mensaje para Bertha Alcalde y César Cravioto, secretario de Gobierno, es que ya no bastan diagnósticos; los vecinos exigen respuestas antes de que el despojo se normalice. ¿O ya lo está?