Ruffo: acusación política o criminal en el tablero de confrontación con EU
José Buendía Hegewisch
Número cero
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la detención de Ernesto Ruffo es un asunto criminal y no político, en respuesta a las críticas por justicia selectiva respecto a otras investigaciones que alcanzan a figuras de Morena por huachicol fiscal sin castigo. El caso rebasa el ámbito judicial y forma parte de la confrontación política con EU, donde los expedientes se han convertido en armas de presión y los procesos penales movimientos de una partida de mayor alcance.
La disputa también tiene un frente interno. Cada investigación reacomoda el tablero rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La captura del primer gobernador panista que derrotó al PRI permitió al oficialismo recuperar la iniciativa justo cuando la presión se concentraba sobre Marina del Pilar, una de las gobernadoras vulnerables frente a la ofensiva de Washington contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. El golpe judicial parece una jugada para ganar una ficha valiosa por la información que puede aportar sobre las tramas e involucrados en el huachicol fiscal en México y EU. Que existan responsabilidades penales no excluye el cálculo político; confirma que la justicia no es ajena a la confrontación por el poder en la realpolitik.
El PAN y Somos México defienden al exgobernador de Baja California como el primer “preso político” del sexenio por abusos en su detención y encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad; aun cuando la FGR dice contar con evidencia que inculpa a la empresa Ingemar —de la que Ruffo es socio— de contrabando de hidrocarburos y fraude fiscal por gestionar la importación de cargamentos millonarios de gasolina con facturas inferiores al volumen que ingresó al país. Reclaman un doble rasero por proteger a otros del oficialismo señalados por los mismos delitos en Tabasco como Adán Augusto o los que involucran a la Marina en Tamaulipas.
Se insiste en que los casos de Ávila, Maru Campos, Rubén Rocha y Ruffo son jurídicamente distintos. Políticamente son parte del mismo expediente: la “guerra en tribunales” para exhibir la infiltración del narco en el Estado mexicano con información de los capos extraditados y la persecución de políticos mexicanos; disputar el relato sobre quién protegió esa expansión y la contrarréplica al discurso sobre la responsabilidad del vecino en operaciones del crimen organizado.
La relevancia de Ruffo no es sólo por ser un referente de las luchas opositoras. Las relaciones políticas y su posición como socio de Ingemar son estratégicos: red de contactos institucionales y empresariales son clave para la empresa.
La captura devuelve la presión a Washington. Si el huachicol fiscal es una empresa transfronteriza, las responsabilidades no terminan en México, también alcanzan a exportadores, intermediarios, transportistas, instituciones financieras y autoridades estadunidenses cuya actuación ha permanecido fuera del escrutinio público. En esta escena, Ruffo aparece como una potencial fuente de información valiosa sobre el modus operandi y de las redes de huachicol fiscal.
La respuesta no tardó. Uno de los principales asesores de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, volvió a cuestionar la capacidad de la justicia y seguridad para combatir al crimen, reforzando la narrativa de Trump de que los cárteles penetraron las instituciones mexicanas. Un discurso que debilita la defensa del gobierno, alimenta las críticas contra la reforma judicial y fortalece la percepción de que la justicia responde más a intereses políticos que al Estado de derecho.
Se insiste en que la FGR dispone de pruebas suficientes contra Ruffo, aunque están bajo reserva. La defensa rechaza cualquier vínculo con el huachicol y asegura que las operaciones de su empresa fueron legales. El desenlace judicial es casi secundario. El expediente dejó de pertenecer sólo a los tribunales y podría convertirse en una pieza de la disputa bilateral.
El verdadero juicio no es sólo contra Ruffo o Marina del Pilar. Es un juicio político sobre la credibilidad de las instituciones mexicanas en medio de la nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado. En ese tablero, cada detención vale tanto por las pruebas que aporta como por el mensaje político que envía. Y esa partida apenas comienza.