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Nacional

Urge Segob a NL evitar aprobación de educación antiaborto

Mediante un comunicado llama al Congreso local no avalar reforma educativa; advierte que propuesta de ley viola derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia

Enrique Sánchez | 28-05-2020
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en noviembre pasado durante la firma por el Acuerdo por la Igualdad. Foto archivo: Cuartoscuro

CIUDAD  DE MÉXICO

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a los integrantes del Congreso de Nuevo León a velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes evitando aprobar reformas que promuevan valores considerados antiaborto en la enseñanza básica de los menores.

En un comunicado, la dependencia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), advirtió que en su conjunto, las reformas que se podrían someter a discusión este jueves en el Congreso local posibilitan la pérdida de la rectoría del Estado sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y los padres de familia un amplio veto sobre estos, a través de la figura de “pin parental”.

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“Las reformas contravienen el Interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia”, precisa.

Señaló que la reforma a la Constitución de Nuevo León prevé, entre otras cosas, una modificación al artículo tercero, párrafo noveno, para permitir a madres y padres tener un “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Respecto a educación sexual, el artículo 7 de dicha ley establece que: “la educación que imparta el Estado deberá desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural…”.

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La iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el “pin parental” establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.

“Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales por las autoridades competentes al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.

Además, las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio”, puntualizó la Segob.

Recordó que la única participación de autoridades locales y otros actores sociales es a través de opiniones que pueden emitir a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que no autoriza a madres y padres de familia a emitir vetos o 'pines parentales' sobre los contenidos educativos.

En el análisis sobre esta reforma educativa, la Segob destaca que uno de los principios rectores de la educación pública en México es la laicidad que permite, entre otras cosas, el respeto a la libertad de todas creencias religiosas y espirituales para basar la educación en principios universales como la dignidad de todas las personas y los derechos humanos.

 “La Constitución impulsa una educación basada ‘en los resultados del progreso científico, [que] luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios’, por lo que no podrá deberse a las 'convicciones éticas, morales o religiosas’ que considere cada padre y cada madre de Nuevo León”, sostuvo.

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 “Además, la Constitución y las leyes generales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y de educación otorgan a la niñas, niños y jóvenes el derecho a la educación sexual y reproductiva basada en la ciencia. El ejercicio de este derecho, libre de cualquier tinte ideológico, implica que los contenidos educativos deberán forzosamente abordar estos temas que incluyen el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.

“Dado el interés superior de la niñez que tiene rango constitucional, este derecho no puede verse restringido por una decisión de padres, madres o tutores”.

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Gobernación llamó a tomar en cuenta la Observación General 20 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, órgano que salvaguarda el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la cual México es parte, que refiere que el acceso a la información, y el asesoramiento sobre la salud sexual y reproductiva no debería de verse obstaculizado, entre otros factores, por el requisito del consentimiento o la autorización de terceros.

“Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Conapo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional, hacen un llamado respetuoso y enérgico a las y los legisladores del estado de Nuevo León a asumir su responsabilidad pública como legisladores salvaguardando los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de sus creencias como padres y madres, velando por el Interés Superior de la Niñez reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

*jci

 

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