UPAV, bajo la lupa por desvío de recursos y presunta protección política

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) nació con una misión que, en papel, parecía irreprochable: llevar educación superior a quienes habían quedado fuera del sistema tradicional. 

Jóvenes de zonas rurales, madres trabajadoras, adultos que buscaban concluir estudios o comunidades sin acceso a universidades públicas.

Durante años, la UPAV fue presentada como un modelo alternativo, flexible y social. Pero esa flexibilidad —que debía ser pedagógica— se convirtió en un vacío administrativo que permitió la opacidad, el desorden y, finalmente, el desfalco.

Hoy, la institución es el centro de una investigación por peculado, abuso de autoridad y desvío de recursos que supera los 557 millones de pesos, según auditorías estatales, y que podría alcanzar los 800 millones, de acuerdo con estimaciones internas y fuentes cercanas al caso.

La estructura financiera de la UPAV funcionaba bajo un principio que, con el tiempo, se volvió su talón de Aquiles: las cuotas estudiantiles se manejaban en efectivo y sin controles sólidos.

Los pagos de inscripción y reinscripción se entregaban en mano a coordinadores regionales o responsables de sede.

La Fiscalía Anticorrupción identificó a tres figuras clave: Sergio “N”, exrector; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros.

Dentro de la SEV, nombres como Elías Calixto Armas, exsubsecretario de Educación Media Superior y Superior y persona muy cercana a la actual secretaria de Educación Claudia Tello, aparece señalado por presunta protección política.