Hace apenas unos días, el cielo de Oriente Medio volvió a iluminarse con el resplandor de los misiles. Las imágenes del ataque conjunto de EU e Israel contra Irán recorrieron el mundo en cuestión de minutos y recordaron una verdad incómoda: en pleno siglo XXI, la guerra sigue siendo uno de los instrumentos preferidos de la política internacional de los países poderosos. La ofensiva —justificada por Washington como una acción preventiva frente al programa nuclear iraní— no sólo provocó la respuesta de Teherán, sino que reavivó un escenario de tensión regional con implicaciones que trascienden las fronteras de Oriente Medio.
El argumento central esgrimido por el presidente estadunidense no es nuevo. Desde el final de la Guerra Fría, EU ha sostenido la tesis de que la seguridad global puede preservarse mediante intervenciones preventivas destinadas a neutralizar amenazas potenciales antes de que se materialicen. Esta doctrina se apoya en la idea de que la estabilidad internacional depende, en última instancia, de la capacidad de EU para ejercer un liderazgo hegemónico. Sin embargo, cada episodio de este tipo reabre el debate sobre la legitimidad de tales acciones y sobre los límites del uso de la fuerza en el sistema internacional.
En el caso de Irán, la apuesta estratégica implica riesgos particularmente elevados. A diferencia de otros escenarios recientes, como Venezuela que guarda paralelismos y diferencias: el primer día fue anulado su líder, pero conservando toda la vieja estructura de poder y de terror, pero en el caso de Caracas asume el control la vicepresidenta con la aprobación de Trump, mientras que en Irán lo incomodan. Teherán no es un actor marginal, sino una potencia regional con una considerable infraestructura militar y redes de influencia política en varios países de la zona. En consecuencia, cualquier intento de presión militar directa difícilmente puede resolverse mediante una operación breve o quirúrgica. Lo han dicho también los iraníes, sus adversarios no enfrentan un país, enfrentan una civilización, la mayor regida hoy por el Islam fuera de los países árabes.
Por donde se observe la situación resulta preocupante. Los conflictos armados no sólo implican destrucción material y pérdidas humanas, también significan una profunda erosión de los principios que sostienen la convivencia internacional. En nombre de la seguridad, las guerras tienden a suspender derechos, debilitar instituciones y normalizar la excepcionalidad política. Provocan hambruna y desplazamiento de familias con graves crisis humanitarias. En ese contexto, los civiles suelen convertirse en las principales víctimas de estrategias militares diseñadas lejos de los territorios donde se libran los combates.
ANTE LAS PROVOCACIONES, CABEZA FRÍA
La política exterior suele entrelazarse con los cálculos políticos internos. Ante un escenario electoral complejo y una popularidad en descenso, Trump ha reforzado su discurso de liderazgo internacional y seguridad hemisférica. En esa misma lógica se inscriben las críticas a México y el anuncio de la alianza Escudo de las Américas, integrada por 17 países del continente y orientada —según EU— a enfrentar militarmente a las organizaciones del narcotráfico que considera una amenaza. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar una confrontación retórica con Washington y mantener una postura prudente parece responder a una lectura estratégica del momento. Más que escalar la tensión, el gobierno mexicano ha optado por concentrar sus esfuerzos en la agenda interna: el fortalecimiento de la seguridad pública, el impulso a la inversión y la estabilidad institucional. La lección es clara: en un mundo cada vez más inestable, la diplomacia de cabeza fría y la defensa de los principios de soberanía y no intervención pueden resultar menos espectaculares que la retórica de choque, pero quiza sean la vía más sensata para navegar en un escenario internacional marcado por la incertidumbre.
AUNQUE USTED NO LO CREA…
En Chiapas permaneció cerrada durante varios años la ciudad arqueológica de Toniná, en el municipio de Ocosingo. El acceso estaba bloqueado por un particular que impedía el paso, mientras que para las autoridades locales y federales el precio del predio que permitía la entrada resultaba excesivo.
Con el propósito de reivindicar y proteger este legado cultural, el gobernador Eduardo Ramírez promovió que la presidenta Claudia Sheinbaum emitiera un decreto expropiatorio. Gracias a esta medida se recuperaron 9.22 hectáreas de una propiedad privada, lo que permitió asegurar el acceso al sitio, preservar el espacio arqueológico y continuar con las tareas de investigación, conservación y restauración. Se abrió nuevamente la puerta para que las generaciones presentes y futuras ejerzan plenamente su derecho a la memoria histórica. La reapertura de esta antigua ciudad maya es, por sí misma, un hecho de enorme valor. Sin embargo, su significado va más allá: representa la recuperación de un patrimonio que pertenece a todos y reafirma el vínculo profundo entre la historia, la identidad y la dignidad cultural del pueblo chiapaneco. Porque rescatar Toniná no sólo es abrir un sitio arqueológico, sino también devolverle a Chiapas una parte esencial de su memoria y de su orgullo colectivo, plasmado en la estructura piramidal, la mayor de Mesoamérica con sus 75 metros de altura.