UAM ofrece más de 400 mdp para atender demandas; alumnos reclaman soluciones
El rector anunció recursos para infraestructura, servicios, becas y ampliación de matrícula; durante la sesión del Colegio Académico, estudiantes denunciaron amenazas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) proyecta destinar más de 400 millones de pesos a siete rubros relacionados con las demandas de la comunidad estudiantil, entre ellos mantenimiento de instalaciones, mejora de servicios básicos, equipamiento para la docencia, becas, inclusión y ampliación de matrícula.
El anuncio fue presentado por el rector general, Gustavo Pacheco, durante la sesión del Colegio Académico, en la que expuso las respuestas de Rectoría General a los cuestionamientos planteados por estudiantes en las jornadas de diálogo de los días 16 y 17 de noviembre.
Sin embargo, los anuncios no cerraron la discusión. Durante las intervenciones posteriores, estudiantes cuestionaron la respuesta institucional y señalaron que los problemas de infraestructura, servicios, transparencia y violencia dentro de las unidades siguen sin resolverse.
Pacheco explicó que los más de 400 millones de pesos forman parte de un proyecto presupuestal enviado esta semana al Patronato para su revisión y formulación. La decisión final corresponderá al Colegio Académico, por lo que los recursos todavía no están aprobados ni ejercidos.
Los siete rubros contemplados son mantenimiento mayor; mejora de infraestructura; homologación y mejora de servicios básicos; sostenibilidad y cambio climático; equipamiento para la docencia; inclusión, equidad y accesibilidad, y expansión de la matrícula.
El rector también propuso crear una comisión que revise la articulación entre planeación, presupuesto y evaluación del gasto, así como establecer indicadores para dar seguimiento a las condiciones de sanitarios, alimentación, hidratación, servicios deportivos, bibliotecas y accesibilidad en las instalaciones universitarias.
En materia de becas, ofreció revisar las reglas de asignación y los montos de los apoyos institucionales, fortalecer los destinados a la titulación oportuna y homologar mejores condiciones para estudiantes de posgrado. Además, planteó gestionar ante el gobierno federal cambios al programa Elisa Acuña para que la asignación de apoyos considere no solo la regularidad y el desempeño académico, sino también la necesidad económica y la equidad.
Respecto a la polémica por los seis vehículos eléctricos, Pacheco informó que el proceso de enajenación ya comenzó y que el Acuerdo 03-2026, relacionado con la compra preferente de vehículos por funcionarios universitarios, permanece suspendido desde el 2 de noviembre. Añadió que será reformulado para incorporar las expresiones de la comunidad.
También aseguró que ha firmado cartas de no represalias en las unidades Xochimilco, Azcapotzalco, Lerma y Cuajimalpa, y ofreció hacerlo en Iztapalapa. Se comprometió, además, a publicar avances y documentos sobre el cumplimiento de los acuerdos en las plataformas Entérate y Transparencia Proactiva, con actualizaciones periódicas que no excedan una semana.
Estudiantes cuestionan a las autoridades
Después de la exposición de Rectoría, las intervenciones estudiantiles trasladaron la discusión de los compromisos presupuestales a las condiciones que enfrentan en las unidades y a la actuación de las autoridades.
Una representante del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de Iztapalapa denunció amenazas de muerte contra estudiantes que participaban en procesos de representación y acusó falta de intervención institucional. También expuso el caso de una alumna que, según su testimonio, habría sufrido acoso sexual por parte de un académico y no recibió el acompañamiento que necesitaba después de solicitar protección.
La representante afirmó que el 15 de junio de 2026 presentaron una denuncia por escrito ante la Rectoría de Unidad, acompañada de evidencias y una solicitud de protección. Cuestionó qué acciones emprendieron las autoridades después de recibirla y sostuvo que la respuesta que obtuvieron fue canalizar a la estudiante a la instancia de Unigénero.
La alumna también reclamó que las estudiantes no cuentan con condiciones adecuadas para denunciar situaciones de violencia y pidió explicaciones sobre la actuación de las autoridades universitarias.
En otra intervención, un estudiante cuestionó el gasto de recursos universitarios y mencionó distintos proyectos y adquisiciones que, a su juicio, deben ser aclarados. Reclamó que las autoridades rindan cuentas sobre el uso del presupuesto y relacionó esos cuestionamientos con las carencias que enfrentan los alumnos en salones, sanitarios y servicios de alimentación.
El estudiante sostuvo que para muchos jóvenes la UAM representa una oportunidad para continuar sus estudios y que las decisiones presupuestales deben responder a las necesidades de la comunidad, no a las prioridades de los funcionarios.
La sesión también incluyó cuestionamientos sobre la fiscalización de los recursos universitarios. Uno de los participantes expuso una observación de la Auditoría Superior de la Federación por 173 millones de pesos en rendimientos financieros de recursos federales correspondientes a 2024, cuyo procedimiento seguía en revisión, y pidió aclaraciones sobre el tratamiento que la institución dio a esos recursos.
Por su parte, la secretaria general de la Universidad, Esthela Irene Sotelo, defendió los mecanismos de fiscalización interna y externa de la UAM y detalló las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación entre 2020 y 2025.