¿Con qué cara?

José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova reaparecieron esta semana para pedir que se designe “por consenso” a la próxima presidenta del INE y se recupere la confianza en el organismo. Hablaron como si la crisis les fuera ajena, como si no hubieran ocupado las más altas responsabilidades del sistema electoral. Pero los señalamientos sobre los proveedores investigados y sus contratos obligan a revisar también las administraciones de este grupo. Antes de repartir consejos sobre cómo devolverle credibilidad al instituto, tendrían que explicar qué hicieron para impedir los negocios que hoy salen a la luz. La rendición de cuentas que reclaman también les corresponde.

Desde 2016 había advertencias dentro del propio INE. Un informe de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, elaborado durante la presidencia de Córdova, documentó la concentración de proveedores y señaló que Seriplast había obtenido contratos para producir materiales electorales en ocho entidades. También reportó que los tres fabricantes de documentación electoral limitaron el acceso del personal de los organismos locales a sus plantas de producción. La recomendación fue ampliar la oferta de proveedores y reforzar la supervisión mediante los contratos. Las advertencias quedaron por escrito. ¿Qué seguimiento les dieron quienes hoy se ofrecen para rescatar la credibilidad del instituto?

Una revisión de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia identificó que, entre 2017 y 2025, cinco empresas vinculadas a la presunta red de los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por 1,767 millones de pesos en al menos 18 organismos electorales locales. Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast aparecen en ese recuento, con representantes legales que se repiten entre compañías. También tienen que explicar su actuación los titulares y funcionarios estatales que autorizaron esas contrataciones. Y conviene recordar quién designa a sus consejeros y presidentes: el Consejo General del INE. Córdova lo presidió durante nueve años. Algo tendrá que explicar sobre las personas que ayudó a poner al frente de esos organismos.

Algunos, además, llevan puesta una gorra que no aparece en la fotografía. Leonardo Valdés reconoció que es militante de Somos y Córdova participa en su Consejo Consultivo Ciudadano. Ese partido competirá en las elecciones de 2027, bajo la vigilancia del mismo instituto cuya renovación pretenden orientar. Tienen derecho a participar en política, desde luego. Pero que hablen con esa claridad. ¿Están dando recomendaciones como antiguos árbitros o defendiendo los intereses de uno de los equipos que entrará a la cancha?

Si quieren ayudar a recuperar la confianza en el INE, podrían empezar por ponerse voluntariamente a disposición de las autoridades que investigan y contar lo que saben. Después de tantos años al frente del sistema electoral, seguramente tienen algo más que consejos para la próxima presidenta. Pueden explicar qué trato tuvieron con esos proveedores, qué seguimiento dieron a los informes y qué decisiones tomaron para corregir los problemas. Y si tienen documentos que ayuden a esclarecer los hechos, que los entreguen. Para eso no hace falta ningún consenso.

La salida de Guadalupe Taddei no puede convertirse en el punto final de una investigación sobre negocios que comenzaron mucho antes de su llegada. Habrá que revisar contratos, decisiones y responsabilidades, tanto en el INE como en su antecesor, el IFE, y en los organismos locales, hasta donde conduzcan las pruebas. Sus expresidentes quieren dar lecciones sobre cómo recuperar la confianza en el instituto. ¿Con qué cara, si todavía tienen pendiente explicar lo que ocurrió cuando ellos mandaban?