Tras tragedia en Torreón, el SNTE exige tipificar la violencia escolar y encarcelar a agresores
El dirigente sindical Alfonso Cepeda Salas urgió al Congreso a aprobar la iniciativa que tipifica el delito de "violencia en el entorno escolar"
El ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, que dejó muerta a una subdirectora, llevó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a exigir que se concreten acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia en las escuelas.
Durante la LXI Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, recordó que hace un mes presentó ante el Senado una iniciativa para crear un delito específico de violencia en el entorno escolar y establecer nuevas obligaciones para las autoridades educativas.
La propuesta que fue presentada el 2 de septiembre de 2026 plantea adicionar un capítulo al Código Penal Federal para crear el delito de violencia en el entorno escolar, con penas de seis meses a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días multa.
La conducta abarcaría actos de agresión física o sexual, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso o insultos cometidos dentro o fuera de las instituciones educativas contra integrantes de la misma comunidad educativa, cuando afecten su integridad física, psicológica o emocional o su vida.
La propuesta contempla además aumentar hasta en una mitad las penas cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada; cuando el agresor se valga de una posición de autoridad, confianza o superioridad dentro de la comunidad educativa; cuando participen dos o más personas o se utilice a una tercera para cometer la conducta, y cuando se empleen tecnologías de la información o comunicación.
Padres podrían responder por reparación del daño
Uno de los puntos de la iniciativa está relacionado con los casos en que la conducta sea atribuida a una persona adolescente.
La propuesta establece que en esos casos se privilegiarán las medidas de prevención, orientación, protección y justicia restaurativa. Sin embargo, plantea que cuando el adolescente tenga la obligación de reparar integralmente el daño y no pueda hacerlo por sí mismo, la madre, el padre o quien ejerza la guarda, custodia o tutela responderán de manera mancomunada y solidaria por esa reparación.
La propuesta también establece sanciones para quien, con la intención de inculpar a otra persona por violencia en el entorno educativo, presente ante el Ministerio Público o difunda públicamente una imputación sobre hechos que sabe que son falsos.
Protocolos nacionales
La iniciativa también propone reformar la Ley General de Educación para que la Secretaría de Educación Pública establezca protocolos nacionales para prevenir, detectar y atender la violencia en el entorno escolar, así como para canalizar a víctimas y personas agresoras a las instituciones o autoridades competentes.
El planteamiento se suma a medidas que ya existen en materia de prevención y atención de violencia escolar. En abril pasado, por ejemplo, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales para la Atención de las Violencias en la Educación Media Superior, que establecen mecanismos de prevención, atención, seguimiento y coordinación entre autoridades.
La diferencia de la iniciativa de Cepeda Salas es que busca llevar parte de la respuesta al terreno penal, mediante la creación de un delito específico y sanciones determinadas.
“Es necesario dejar atrás la cultura de no pasa nada. Porque sí pasa, y establecer consecuencias jurídicas para quienes cometan actos de violencia en las escuelas”, afirmó el dirigente sindical durante la sesión del Consejo Nacional.
Cepeda Salas pidió a legisladores y autoridades fortalecer las acciones de prevención, atención y sanción de la violencia en el entorno escolar y sostuvo que el objetivo debe ser garantizar comunidades educativas seguras y libres de violencia.
SNTE respalda regulación de celulares
Durante la misma sesión, el dirigente nacional del SNTE también respaldó la decisión del Gobierno federal de regular y limitar el uso de teléfonos celulares en las aulas de Educación Básica y Media Superior.
Consideró que la medida puede contribuir a concentrar la atención de estudiantes y docentes en el aprendizaje, pero advirtió que la regulación de los dispositivos no debe significar abandonar la enseñanza digital.
“Eso no significa que el Estado y el Gobierno mexicano renuncien a su obligación con la enseñanza y el aprendizaje digitales”, señaló.
El pronunciamiento ocurre después de que la SEP publicó en septiembre las disposiciones para regular el uso de dispositivos móviles en los distintos niveles educativos.