Desprotegen a las infancias en Morelos; aumentan reportes por omisión de cuidados
Pese al discurso de la gobernadora González Saravia, este año se acumulan 4,555 denuncias por posible descuido a menores; la mayoría quedó atrapada entre trámites y burocracia
El gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, ha presumido el fortalecimiento de los mecanismos destinados a proteger a las infancias. Sin embargo, hasta ahora no ha explicado con claridad el aumento de los reportes por omisión de cuidados ni el seguimiento otorgado a cada caso.
Las cifras muestran una emergencia que no puede reducirse a un registro administrativo. Durante 2026, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) Morelos recibió 4 mil 555 denuncias relacionadas con posibles descuidos hacia niñas, niños y adolescentes.
De ese total, únicamente 250 casos fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes, lo que significa que poco más de cinco de cada cien reportes derivaron en una denuncia formal ante el Ministerio Público.
La omisión de cuidados puede ocultar otros riesgos
El resto quedó sujeto a valoraciones, visitas domiciliarias o verificaciones cuyo resultado no ha sido explicado con suficiente precisión.
La omisión de cuidados no es un asunto menor. Puede comenzar con un niño que llega a la escuela sin desayunar, carece de útiles o permanece durante horas sin supervisión. También puede esconder abandono, violencia familiar, explotación, desnutrición o la ausencia prolongada de una persona adulta responsable.
Tratar esas alertas como un simple registro telefónico permite que el problema desaparezca entre formularios, visitas y discursos institucionales.
La propia información gubernamental revela inconsistencias. En abril, el Ejecutivo estatal informó que se habían atendido 72 reportes relacionados con posibles agresiones contra menores. De ellos, 34 seguían en investigación, mientras algunos casos habían derivado en ingresos temporales a centros de asistencia y otros en procesos de reintegración familiar.
Las cifras oficiales muestran diferencias durante el año
Dos meses después, el mismo gobierno dio a conocer que entre enero y el 2 de junio se habían recibido 259 denuncias ciudadanas, de las cuales 53 fueron formalizadas ante la Fiscalía.
El registro difundido asciende a 4 mil 555 denuncias. Esto significa que, después de contabilizar 259 reportes hasta junio, se sumaron más de 4 mil casos durante los seis meses siguientes, un incremento que requiere una explicación puntual de las autoridades.
El problema se vuelve más grave al considerar que alrededor de 55 menores permanecían bajo resguardo institucional después de haber sido víctimas de maltrato familiar. En ese mismo reporte se reconoció que se habían presentado 250 denuncias penales.
La gobernadora debe reconocer que recibir más de 4 mil 500 denuncias no representa un logro institucional, sino una señal de alerta sobre miles de hogares donde podrían existir abandono, violencia o desprotección que pone en duda la eficacia de los programas implementados por su gobierno para proteger a niñas, niños y adolescentes.
*mcam