Transporte de carga y seguridad en la revisión del T-MEC

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026, se perfila como un momento decisivo para la integración económica de Norteamérica. Aunque los debates suelen concentrarse en reglas de origen, asuntos laborales o mecanismos de solución de controversias, el transporte de carga y la seguridad en las rutas mexicanas se han colocado en el centro de las preocupaciones empresariales y gubernamentales.

El comercio trilateral depende de una logística eficiente. Cada día, miles de camiones cruzan las fronteras transportando autopartes, alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo. Sin embargo, la infraestructura que sostiene este flujo enfrenta el desafío creciente del robo y la violencia contra el transporte de carga en México. Grandes corporaciones estadounidenses y canadienses han advertido que la inseguridad en carreteras mexicanas no es un problema aislado, sino un riesgo sistémico que amenaza la competitividad regional cuyo costo se estima en 0.5 % del PIB.

Las cifras y testimonios recientes muestran que los corredores del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Bajío, Arco Norte, Puebla–Veracruz y el Valle de México concentran buena parte de los incidentes. Situación que no solo afecta la competitividad logística, sino que cobra vidas de transportistas; los reportes de las fiscalías señalan que más del 80 % de los robos se cometen con violencia.

La situación se ha tensado al grado de motivar bloqueos simultáneos en al menos 20 estados del país, donde organizaciones de transportistas y productores han exigido mayor seguridad, eliminación de prácticas abusivas y freno a la extorsión. El resultado ha sido una distorsión del mercado integrado y eficiente, parte fundamental del T-MEC.

El problema adquiere mayor relevancia porque el transporte de carga constituye el eslabón físico de la integración. Sin camiones seguros, las reglas de libre comercio pierden eficacia. De ahí que en los foros preparatorios de la revisión del tratado se haya planteado la necesidad de incluir compromisos explícitos en materia de seguridad logística. No se trata de imponer sanciones, sino de reconocer que la competitividad regional exige carreteras confiables, coordinación policial y sistemas de inteligencia que reduzcan la vulnerabilidad en las cadenas de suministro.

Además, el transporte enfrenta retos regulatorios. En Estados Unidos, solo un número reducido de empresas mexicanas dispone de permisos para circular en sus carreteras, lo que limita la capacidad de aprovechar plenamente el tratado. A ello se suman requisitos como el dominio del inglés y la homologación de licencias, que generan tensiones en el gremio. Sin embargo, la preocupación más urgente continúa siendo la seguridad en territorio mexicano, pues sin resolverla cualquier avance normativo será insuficiente.

La discusión sobre seguridad en el transporte de carga también posee una dimensión simbólica. Representa la capacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones básicas de confianza en la inversión. En este sentido, la revisión del T-MEC no solo será un ejercicio técnico de ajuste de cláusulas, sino una prueba de credibilidad institucional. Si México logra comprometerse con políticas efectivas contra el robo en carreteras, enviará una señal de responsabilidad que fortalecerá su posición negociadora.

El reto es mayúsculo. La inseguridad solo podrá resolverse con estrategias integrales, patrullajes coordinados, uso de tecnología de rastreo, fortalecimiento operativo de la Guardia Nacional y cooperación con el sector privado. La revisión del T-MEC ofrece una oportunidad para que estos compromisos se traduzcan en acuerdos binacionales y trilaterales, donde la seguridad logística sea reconocida como un componente esencial del comercio.

El transporte de carga y su seguridad se han convertido en un tema prioritario de la agenda del T-MEC. No es un asunto marginal, sino el corazón mismo de la integración económica. La revisión de 2026 será un momento para reconocer que la competitividad regional depende tanto de reglas claras como de carreteras seguras. México tiene ante sí la posibilidad de transformar un problema en oportunidad, la de demostrar que puede garantizar la confianza logística que Norteamérica necesita para consolidar su futuro compartido.