Transferir facultades del IFT a la SCT requeriría reforma constitucional

CIUDAD DE MÉXICO

Una vez que la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se derivó de un mandato constitucional, transferir sus facultades a una dependencia de la administración pública requeriría de un nuevo cambio a la Constitución y no bastaría con una reforma administrativa, advirtieron Mony De Swaan Adatia, último presidente de la desaparecida Cofetel y Arturo Robles, integrante del Pleno del organismo regulador. 

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De la misma forma, destacaron que, además, contar con un organismo regulador autónomo también es un compromiso adquirido por México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Ambos destacaron que contar con un organismo especializado tomó más de dos décadas. De Swan enfatizó que el modelo de regular desde la administración pública comprobó que no funciona, por lo que se debe evitar que se regrese al esquema anterior.

Destacó que, adicionalmente, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya fue eliminada la subsecretaría de comunicaciones, por lo que, si bien es verdad que se cuenta con funcionarios muy capaces, el tema de las telecomunicaciones ha requerido de un importante proceso de especialización.

Por todo lo anterior, Mony De Swaan, consideró que “el señor presidente está mal asesorado”.

Enfatizó que él estuvo de acuerdo en la desaparición de la subsecretaría de comunicaciones de la SCT, dado que en su momento hacia sentido; pero que, de la misma forma, en el 2013 él apoyó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como organismo autónomo y especializado y explicó:

“Me hubiera gustado tener un organismo con esa autonomía, con presupuesto y las facultades que en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no tuvimos. Estábamos solos, sin apoyo, sin recursos, criticados por los regulados y, entonces, el IFT es el resultado de muchos años de esfuerzo, de especialización, de una demanda de la industria y de la sociedad y no debemos permitir que se regrese a un esquema que está comprobado que no funcionó”, dijo.

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Por su parte, Robles, destacó no solo los beneficios que la regulación desde el IFT ha traído para el consumidor, como son ahorros por 425 mil millones de pesos, además de que se logró una importante atracción de inversiones al pasar de 61 mil millones de pesos en 2013 a 97 mil millones en el 2019.

Mony De Swaan, advirtió el riesgo que representa la incertidumbre generada por la propuesta presidencia de desaparecer al IFT y recordó la forma como se detuvieron las inversiones en el momento que se gestaba la reforma constitucional en la materia.

*brc