Hay pocas contradicciones urbanas tan evidentes como ver a la Ciudad de México bajo el agua durante una tormenta y, al mismo tiempo, saber que millones de personas viven con incertidumbre sobre el suministro en sus casas. La CDMX puede colapsar por una lluvia intensa en cuestión de minutos, pero también puede pasar semanas discutiendo tandeos, fugas, baja presión, pipas y colonias que no reciben agua suficiente. Esa paradoja no es nueva, pero cada temporada de lluvias la vuelve más visible.
Tanto la escasez de agua potable como las inundaciones provocadas por lluvias son parte del mismo desorden urbano. La capital recibe, pierde, extrae, descarga y desperdicia agua dentro de un sistema cada vez más presionado, y las lluvias recientes han evidenciado la falta de una estrategia de largo plazo para enfrentar, al mismo tiempo, inundaciones y falta de abasto. Ha quedado claro que la ciudad no está preparada para capturar, conducir, filtrar, aprovechar y distribuir mejor esa agua.
En esta ciudad, la infraestructura hidráulica ha envejecido más rápido que la capacidad institucional para modernizarla. Buena parte de la red tiene décadas de uso, opera con parches, reparaciones de emergencia y una lógica reactiva, mediante la cual, cuando hay fuga, se atiende; cuando hay inundación, se desazolva, y cuando falta agua, se envía una pipa. Pero ese modelo ya no alcanza.
Durante los primeros meses de 2026 se registraron más de 39 mil fugas de agua en la capital, una cifra que habla no sólo de tuberías rotas, sino de un sistema que pierde una parte fundamental del recurso antes de que llegue a los hogares. Casi la mitad del agua disponible para la ciudad podría perderse en filtraciones dentro de la red, según estimaciones citadas por especialistas y autoridades. Pero el otro extremo de la crisis llega con las lluvias. Cada año se repiten imágenes de pasos a desnivel convertidos en lagunas, estaciones de transporte colapsadas, viviendas inundadas, autos varados, vialidades cerradas, comerciantes tratando de rescatar su mercancía e inundaciones que golpean más fuerte a quienes viven en zonas bajas, asentamientos vulnerables o colonias con drenaje insuficiente.
Si bien el gobierno de la ciudad ha realizado esfuerzos para mitigar afectaciones, es preciso repensar el manejo completo del agua desde un enfoque integral que considere acciones de captación pluvial, recuperación de suelo permeable, mantenimiento de drenaje, reparación de fugas, reúso, tratamiento, protección de barrancas y ordenamiento urbano.
Por otra parte, los sistemas de captación de agua de lluvia ya no deberían verse como alternativa, sino como una obligación frente a la escasez cada vez más evidente del recurso. En el Partido Verde hemos presentado iniciativas en esa dirección, como la propuesta impulsada en el Senado para garantizar el acceso al agua mediante sistemas de captación pluvial, especialmente en zonas marginadas y de difícil acceso. Asimismo, en el Congreso de la Ciudad de México hemos planteado que edificios públicos y privados, establecimientos mercantiles y casas habitación cuenten con sistemas para captar y reutilizar aguas pluviales. Y es que la lluvia no puede seguir siendo tratada sólo como amenaza cuando también puede ser parte de la solución.
Una ciudad que cada año se inunda no puede seguir dejando que millones de litros se pierdan en el drenaje mientras miles de familias esperan agua en sus hogares. Es cierto que aprovechar la lluvia no resolverá por sí solo el problema de acceso, pero sí puede reducir presión sobre la red, apoyar a comunidades vulnerables, disminuir escurrimientos y construir una cultura distinta frente al uso del agua.
La Ciudad de México necesita dejar de administrar la crisis del agua y planear su futuro; requiere un plan hídrico integral que coloque el manejo del agua en el centro de la política pública y no sólo como un problema de infraestructura. Sólo así dejará de ser una paradoja que, mientras las lluvias son cada vez más intensas, el agua escasee en la vida cotidiana, poniendo en riesgo la salud, la economía, la movilidad, la calidad de vida de las personas y la integridad de su patrimonio.