Se desvincula IFT de propuesta de fusión con Cofece y CRE

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se desvinculó de la iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en la que propone la fusión del IFT con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para conformar el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

Lo anterior debido a que en redes sociales se difundió que la descarga del documento fue generada por Vladimir Rosas Pablo, director de área de la oficina del comisionado presidente interino del IFT, Adolfo Cuevas Teja.

Por lo anterior, el organismo regulador emitió un pronunciamiento en el que señaló que “El IFT no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto que fue dado a conocer, por lo que no emitió comentarios ni sugerencias a dicha iniciativa.

Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento a nuestro mandato constitucional de promover el desarrollo eficiente de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre mantendremos una actitud abierta al diálogo con otras instituciones del Estado Mexicano en beneficio de la competencia, los usuarios y las audiencias de nuestro país”, detalló.

Fue Irene Levy, presidente de Observatel, quien desde su cuenta de Twitter, dio a conocer que “al revisar las propiedades de la iniciativa de Ricardo Monreal vs IFT, Cofece y CRE, aparece como autor Vladimir Rosas Pablo, director adscrito a su área, comisionado. Ojalá nos aclaren si fue redactada en el propio IFT o, en su caso, se deslinden”.

La propuesta provocó gran movimiento en el sector de las telecomunicaciones y pese a que en la exposición de motivos se argumenta que con tal acción se respondería a una de las condiciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); expertos en la materia destacaron que será exactamente al contrario y que podría afectar la puesta en marcha del T-MEC en el que la condición es que el país cuente con un organismo regulador autónomo.

Jorge F. Negrete, presidente de Mediatelecom Policy and Law e integrante del Consejo Consultivo del IFT, coincidió con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en el sentido de que la iniciativa propone una violación a la tutela de derechos fundamentales.

Explicó que la propuesta se justica la eficiencia financiera y de funciones, pero que “no hay coincidencia ni traslape de funciones. El IFT es posiblemente el sector más complejo y robusto de la comunicación digital en América Latina y uno de los más robustos en el mundo, al regular telecomunicaciones, derecho de las audiencias, el espectro radioeléctrico, medio públicos, además de que es un habilitador para el ejercicio de derechos fundamentales”.

Destacó que todo lo anterior no lo hace la Cofece ni la CRE por lo que “es un despropósito intentar generar coincidencias de competencia entre los tres organismos”.

Por otro lado, señaló que si se trata de ahorros, los mil millones de pesos de presupuesto del IFT no se comparan con los ingresos que genera para las arcas del Estados por la vía de los derechos y la promoción de inversiones nacionales y extranjeras. Tal fue el caso de la regulación para la incursión de AT&T con recursos, solo de entrada, por más de 8 mil millones de dólares.

Recordó que el IFT correspondió la eliminación del roaming generando miles de millones de pesos en ahorros para los consumidores mexicanos.

La Amedi, consideró que la iniciativa degrada la autonomía del llamado Inmecob porque el nombramiento de los futuros consejeros-reguladores del Inmecob no sería autónomo sino político, cuando la regulación debiera ser técnica, especializada y autónoma de los actores políticos y los agentes regulados.

En lugar de que sea un proceso de selección técnico e imparcial como establece actualmente el artículo 28 de la Constitución, se convierte en un procedimiento político-legislativo-partidista que le restaría autonomía a la nueva institución”, indicó.

Agregó que la iniciativa carece de una visión de Estado regulador al atribuirle al Instituto el adjetivo de “Bienestar”, que es un lema o slogan del actual gobierno.