El movimiento político que ha sacado raja durante décadas del recuerdo de la represión de 1968, hoy se encuentra en una encrucijada. A ocho días de la inauguración del Mundial, no sabe qué hacer con las manifestaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han paralizado la circulación y causado destrozos en varias vías principales y el Centro Histórico de la capital.
La parálisis gubernamental ante esos actos no es un hecho fortuito, sino el síntoma de una contradicción ideológica profunda que arrastra el grupo en el poder. Durante años, construyeron su legitimidad desde la disidencia callejera, santificando la protesta como única vía legítima de expresión popular. Hoy, instalados en los palacios de gobierno, descubren con pavor que los monstruos que alimentaron desde la oposición no hacen caso a llamados de fraternidad ni a discursos de concordia cuando hay intereses corporativos de por medio.
El dilema ante el que se encuentran las autoridades, sin embargo, es falso y tramposo: no debiera ser la anarquía o la represión. Ésa es la narrativa binaria con la que el oficialismo justifica su inacción, sugiriendo que la única alternativa a tolerar el caos es el garrote. Nada más alejado de la realidad de una democracia funcional.
Ayer, los manifestantes derribaron las estatuas gigantes de jugadores de futbol que adornaban Paseo de la Reforma, y las dejaron desnudas y pintarrajeadas sobre la banqueta. Las escenas de la destrucción se viralizaron en redes sociales, poniendo en entredicho los recientes llamados del gobierno a salir a las calles para “defender la soberanía”. En esas calles de la capital manda la Coordinadora y nadie más.
Los gobernantes debieran simplemente cumplir con su obligación de aplicar la ley y rescatar a los ciudadanos que en estos días han vivido secuestrados por el chantaje violento de la CNTE. La libertad de manifestación es un derecho constitucional, pero deja de serlo en el momento en que se convierte en la anulación sistemática de los derechos de millones de personas a trabajar, a trasladarse y a vivir en paz.
Lo que se está viviendo es el resultado inevitable de años de haber consentido a la CNTE, un grupo radical que ha convertido la presión social en una industria rentable de plazas, prebendas y privilegios sindicales. Cada concesión del pasado, cada mesa de negociación abierta tras un bloqueo salvaje, sólo sirvió para enseñarles que el chantaje funciona.
Ahora, con los ojos del mundo puestos sobre México por la inminencia de la justa mundialista, la Coordinadora huele la debilidad institucional y eleva la apuesta. Frente a esto, la respuesta oficial da vergüenza: las autoridades capitalinas y federales sólo están preocupadas de que la CNTE se apodere del Zócalo —donde ya se instaló la infraestructura del Fan Fest de la FIFA— y no les importa que al resto de la ciudad se la lleve el carajo.
Es fundamental insistir en que no se trata de reprimir, sino de aplicar la ley. El uso legítimo de la fuerza pública para liberar vías de comunicación y proteger la propiedad no es represión; es la esencia misma del Estado de derecho.
Asimismo, es absurdo salirse por la tangente diciendo que los desmanes los han provocado “infiltrados” y no maestros. Ese viejo libreto de la provocación externa ya no engaña a nadie. La experiencia nos dice que sí son maestros, porque así es como se comporta la CNTE, una organización que históricamente ha validado la acción directa, el destrozo y la intimidación como herramientas de negociación. Pero, más allá de debates identitarios, sean quienes sean los encapuchados o los manifestantes, el gobierno está obligado a garantizar la libre circulación y que los actos de vandalismo no acaben costándole a los contribuyentes, quienes terminan pagando las reparaciones de los monumentos y el mobiliario destruido.
Al final, el costo de la cobardía política siempre se factura al ciudadano de a pie, atrapado entre un radicalismo gremial intransigente y una autoridad paralizada por sus propios complejos históricos.