La revisión del T-MEC y la agenda interna de México

En mi columna anterior señalé cómo la Agenda de Política Comercial 2026 de Estados Unidos coloca la revisión del T-MEC como una de sus prioridades, con énfasis en energía, reglas de origen y seguridad económica. Ahora conviene mirar la otra cara, la perspectiva mexicana expresada en las consultas públicas dadas a conocer por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el pasado 9 de marzo.

Lo primero que conviene subrayar es que en México existe un amplio respaldo a la continuidad del tratado. El T-MEC es visto como un instrumento esencial para la certidumbre jurídica, la integración productiva y la atracción de inversión. En los cuestionarios sectoriales, 49 % consideró que su impacto ha sido muy positivo y 34 % positivo.

El reto central identificado en este ejercicio es que América del Norte actúe cada vez más como bloque, incrementando el contenido nacional y regional de lo que se produce y comercia dentro del acuerdo, para ampliar la generación de valor y empleo.

Leídas en esa clave, las consultas no solo perfilan la posición negociadora de México. También ofrecen al empresariado una guía útil para identificar espacios de crecimiento, sustitución de importaciones, desarrollo de proveedores y nuevas inversiones.

El ejercicio permite identificar sectores prioritarios. En un primer grupo aparecen industrias críticas para elevar contenido regional y reducir dependencias externas, como química y petroquímica, metalmecánica, insumos para medicamentos, materiales críticos y cadenas vinculadas con semiconductores. Son áreas donde México puede ampliar su papel si combina inversión, proveeduría local y capacidad de ejecución.

También aparecen sectores de expansión futura, como farmacéutico, dispositivos médicos, electrónica, electrodomésticos, economía circular, inteligencia artificial, comercio transfronterizo de servicios y armonización de certificaciones profesionales y técnicas. A ello se suma un frente clave en sectores ya consolidados que requieren un salto tecnológico, en particular automotriz y autopartes, donde el reto es avanzar hacia electromovilidad, software especializado y componentes de mayor sofisticación.

Aquí además aparece un tema delicado y central para la negociación, el de las reglas de origen. Las consultas muestran que no existe una sola posición para todos los sectores. La industria automotriz pide mantener el esquema vigente y evitar endurecimientos abruptos. Otros sectores, como el sector aeroespacial, plantean flexibilidad ante la falta de insumos regionales, mientras ramas como química, petroquímica, plásticos, acero y aluminio proponen reforzarlas para evitar triangulación y prácticas desleales. México deberá llegar a esa discusión con capacidad técnica y política para distinguir, sector por sector, dónde conviene flexibilizar, mantener o endurecer, sin perder de vista el objetivo mayor de fortalecer el bloque sin restarle viabilidad productiva.

Ahí es donde entra la parte decisiva. Qué debemos hacer como país después de haber insistido tanto en la necesidad de fortalecer la confianza e impulsar la inversión. La respuesta es convertir esos conceptos en condiciones operables. Varios de los obstáculos señalados en las consultas no remiten a una renegociación de fondo del tratado, sino a tareas internas de política pública. El diagnóstico transversal es claro. La competitividad depende más de la política interna que del texto del tratado.

La primera es energía como condición habilitadora. Si México quiere atraer inversión, necesita energía suficiente, confiable y competitiva. Se necesita una política pública que dé mayor apertura, reglas claras y certidumbre a la inversión privada.

La segunda es logística e infraestructura. La competitividad depende de puertos, carreteras, cruces fronterizos, parques industriales, digitalización aduanera y tiempos adecuados de traslado. México necesita reducir costos logísticos y cerrar brechas territoriales si quiere que más regiones y más empresas se integren a esta etapa del T-MEC.

La tercera es desarrollo de proveedores. Si la revisión del tratado quiere traducirse en más inversión productiva, México debe ampliar la base de empresas nacionales capaces de integrarse a cadenas de mayor complejidad.

La cuarta es capital humano. Los hallazgos apuntan hacia semiconductores, dispositivos médicos, inteligencia artificial, electromovilidad y manufactura avanzada. Eso obliga a fortalecer educación técnica, formación de ingenieros, capacitación especializada y vinculación entre universidad e industria.

La quinta es certidumbre regulatoria, pero entendida de manera práctica. No como palabra repetida, sino como reglas operables, tiempos previsibles, coordinación institucional y capacidad para ejecutar. Aquí también conviene aterrizar el concepto de desregulación con ejemplos concretos, como la simplificación de los procedimientos aduaneros o la digitalización de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.

La gran coincidencia con la agenda estadounidense está en la lógica de actuar como bloque y en la necesidad de fortalecer cadenas de valor dentro de América del Norte. El reto para México está en traducir esa coincidencia en decisiones propias, en sectores, infraestructura, talento y condiciones regulatorias.

En esa misma lógica debe entenderse el trabajo que esta semana realiza en Estados Unidos nuestro presidente nacional de COPARMEX, Juan José Sierra, en reuniones con legisladores y empresarios. Ese esfuerzo busca sumar en el proceso de revisión del T-MEC desde una visión responsable, tendiendo puentes, acercando posiciones y recordando que la competitividad de América del Norte también depende de la interlocución entre quienes invierten, producen y generan empleo en ambos lados de la frontera.

La revisión del T-MEC en 2026 será exigente, pero también puede ser una palanca de transformación. Para México, su mejor defensa no estará solo en la mesa de negociación. Estará en la capacidad de volver esa articulación más densa, más productiva y útil para el país. Ahí es donde confianza e inversión dejan de ser consigna y se convierten en política económica real.