Reforma judicial, “Ciudadanos veremos cómo vota cada uno”

Que senadores rechacen la reforma al pj no significa que no debe haber una reforma; lo que se requiere es una reforma integral, afirma la politóloga Laurence Pantin

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Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia.

Los senadores tienen una responsabilidad histórica, porque si se aprueba la reforma judicial habrá un antes y un después en el Estado de derecho que es la base de nuestra democracia en México, advierte Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia.

Los ojos van a estar puestos en estos senadores porque los ciudadanos vamos a estar viendo cómo vota cada uno la próxima semana”, afirma en entrevista la defensora de derechos humanos, quien alerta de los riesgos del Tribunal de Disciplina Judicial y de la figura de los jueces sin rostro que contiene el decreto aprobado por los diputados el 4 de septiembre.

De la indemnización que se añadió para los juzgadores que dejarían de serlo, señala: “Para mí es un burdo intento de comprar, entre comillas, a los trabajadores del Poder Judicial. No es nada atractivo lo que les proponen, porque los trabajadores, jueces y magistrados que se están manifestando no lo hacen solamente por sus condiciones laborales, sino porque consideran que la reforma va a resultar en un sistema de justicia que no sería independiente”.

Participante en uno de los foros organizados por la Cámara de Diputados, Laurence Pantin señala que, al final, fueron “una simulación” porque no se incluyeron las propuestas que ahí se presentaron.

Voto en CONTRA

Considera que la minuta que hoy se aprobaría en comisiones en el Senado “no plantea nada para ampliar el acceso a la justicia, para mejorar los servicios de justicia, hacerla más rápida y para disminuir la impunidad”.

Los 128 senadores “tienen una muy alta responsabilidad y por eso varias organizaciones de la sociedad civil, en particular desde el colectivo La Justicia que Queremos, hemos hecho un llamado a los senadores para que voten en contra de esta reforma”.

Y en seguida aclara: “Pero, a ver, que voten en contra de esta reforma no significa que no debe haber una reforma, debe de haber una reforma integral, que ayude a ampliar el acceso a la justicia, mejorando la eficiencia de todo el sistema de justicia y combatir la impunidad”.

Critica el hecho de que el proceso legislativo sea a las carreras y con un dictamen que no responde a lo que el país requiere.

Inicio de UNA BATALLA

En caso de que la reforma fuera aprobada en el Senado, Laurence Pantin asume que pronto sería ratificada en los congresos estatales, donde Morena tiene mayoría.

Pero en realidad creo que esto solamente es el principio de la batalla porque todas estas modificaciones constitucionales implican cambios a las leyes secundarias; la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial y otras leyes que van a ajustarse y en esa discusión es importante estar presentes para intentar que se hagan en el mejor sentido posible”.

Asume que, si bien el margen de maniobra sería poco, habría de todas maneras que “tratar de evitar las peores”.

Y después vendría en análisis para poner en marcha la reforma.

Lo que detectamos desde el colectivo La Justicia que Queremos es que hay muchísimos problemas de viabilidad en esta reforma; tan sólo en el número de candidatos que las personas tendrían que conocer para votar de manera informada, en el número de cargos que van a tener que elegir; por ejemplo, para 2025 calculamos que cada elector tendrá que designar 41 cargos, implica estar más de media hora en la casilla”.

Alerta que eso significaría tener las casillas abiertas varios días o semanas, porque hacerlo en una sola jornada implicaría reducir el número de votantes.

Y si no se aprueba, plantea que habrá que seguir empujando una reforma verdaderamente reflexionada: que las personas puedan acceder a procesos sin tener abogado como ya sucede en Chile; fortalecer las Defensorías Públicas a nivel federal y local; impulsar medios alternativos de servicio de controversias como la mediación y la conciliación para evitar que los casos lleguen a un juez.

Deberíamos democratizar el acceso al amparo, fortalecer los poderes judiciales, profesionalizándolos y dándoles más recursos, con mejores controles sobre el ejercicio de éstos, y apostarle a la justicia digital”, enumera.

Cuestionada sobre los agregados que en el Congreso le hicieron a la propuesta presidencial, la doctora en Ciencia Política por FLACSO responde:

Cuando pensábamos que ya estaba muy mal la iniciativa, los diputados nos sorprendieron al abrir otro frente contra nuestro Estado de derecho, el de utilizar jueces sin rostro, una figura denunciada por Amnistía Internacional, al documentar que en Perú fueron encarceladas injustamente 700 personas procesadas así, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Perú, que dejó de usarla”.

Respecto a la reserva que garantizaría que jueces y magistrados puedan ejercer como abogados en distritos y circuitos diferentes a los que estaban adscritos al ser cesados, señala: “El diputado que propuso esto reconoció que hay jueces y magistrados que hacen muy bien su trabajo, entonces, ¿por qué esa reforma?”.

Relata que muchos jueces y magistrados no están dispuestos a participar en la elección popular porque con la existencia del Tribunal de Disciplina no habría manera de ejercer de manera independiente.

Lo que se propone es este Tribunal que podría investigar y sancionar a las personas juzgadoras y personal judicial en general, por razones demasiado abstractas y ambiguas que dan pie a que se haga una interpretación a modo (...) una propuesta que va en contra de los estándares internacionales”, agregó.

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