La reforma electoral del gobierno se perfila descafeinada por complicados enredos con los socios de Morena. La defensa férrea de sus intereses evidencia críticas anticipadas de que no responde a problemas reales y deja fuera el más grave de la injerencia del narco en la democracia; aunque por su rechazo, quedará desprovista, como consecuencia no deseada, de aspectos nocivos para las minorías y la concentración de poder en los grandes partidos. El Congreso ya tiene en agenda su discusión en el periodo que inicia el 1 febrero, pero todavía espera conocer una iniciativa muy controversial desde su anuncio con la creación de una comisión exprofeso del oficialismo para operar el proyecto de la Presidenta; o quizá a una propuesta conjunta de Morena, PT y Verde. Paradójicamente, del no rotundo de sus aliados a perder canonjías y beneficios electorales con los que han prosperado, asoma un muro de contención para las minorías amenazadas por los cambios en las reglas de juego de la representación política.
La distancia de ambos con la comisión y su principal operador político, Pablo Gómez, exhibe un fracaso negociador y las disputas internas que entrampan una reforma destinada a reforzar el control político del gobierno. Pero ninguno de sus aliados está dispuesto a darle un cheque en blanco que hipoteque su futuro si prosperara el objetivo central de reducir el financiamiento público y recortar el pastel de las candidaturas de representación proporcional; se solapan para disuadirlo en que no requirieron la reforma para derrotar a la “derecha” en las urnas y que, por tanto, ésta no es necesaria.
El argumento es así de simple y vano porque comparten la retórica de Morena para pedir el voto y el remolque electoral, pero no intereses o proyectos legislativos de que han dado prueba también en la ley contra el nepotismo; menos si está en juego perder fuerza para negociar con la política. Ahí se les hizo bolas el engrudo para asegurar los votos de una reforma constitucional que, sin ellos, no tiene futuro e, incluso, podría fracturarlos. Y, no obstante, tienen un punto en decir que la reforma no es una prioridad sobre los grandes problemas del país, aunque no por buenas, sino malas razones.
Porque la reforma que esboza el oficialismo resultará insustancial de no hacer un esfuerzo serio para poner a salvo a la democracia del imperio del crimen. La racionalización de su costo es una vieja demanda insatisfecha por todos los partidos, pero nada tan urgente como evitar el filtro del narco en las candidaturas y su coacción de las urnas. Lo que justificaría una nueva reforma no es revertir las reglas en detrimento del piso parejo de la competencia y concentrar el poder en los partidos mayoritarios, sino cortar la escalera electoral por la que el crimen asciende al Estado y elevar la representación política controlada por las cúpulas partidistas ¿Cómo impedir su injerencia? Los cárteles en muchas regiones no sólo controlan mercados ilícitos, también el poder local, mediante asesinatos selectivos, amenazas y dinero sucio para amarrar a los que llegan al cargo y sobrevivir en ellos. La violencia política es visible en 1,271 políticos asesinados; forma parte de una lógica criminal que busca proteger y expandir negocios de huachicol, extorsión y narcomenudeo que debilitan a las autoridades; y denuncias contra empresarios-operadores, como el caso de Carmona o La Barredora en Tabasco, y otros en Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Baja California, así como la revocación de visas a políticos vinculados a Morena.
La oposición ha tratado de poner el dedo en la llaga con la propuesta de sancionar a partidos que reciban dinero del narco o coopten a sus candidatos como responsables de la expansión del crimen desde la propia configuración de la trama política. Y elevar los castigos incluso con la pérdida del registro a los que estén vinculados a sus redes.
El silencio de la mayoría de los partidos preocupa porque la lucha contra la intromisión del crimen no podrá avanzar sin voluntad política y compromisos de gobiernos y partidos para frenarlo. Son ellos los que deben asumir la responsabilidad de los candidatos que postulan y de revisar sus gastos de campaña, además del INE. También debían ser los primeros interesados en evitarlo porque la penetración del crimen no produce autoridades fuertes, sino hipotecadas en la protección de sus negocios y, finalmente, erosionan su legitimidad.