Campeche se ha convertido en uno de los ejemplos más preocupantes del deterioro de la libertad de expresión en México. Bajo el gobierno de Layda Sansores, el ejercicio periodístico no sólo ha sido confrontado desde el discurso oficial, sino hostigado de manera sistemática mediante el uso del poder público, en una lógica que confunde el derecho a la crítica con una afrenta personal al poder. Lo que debería ser una relación institucional entre autoridad y prensa se transformó en una guerra de desgaste contra voces incómodas.
En los hechos, el mensaje ha sido claro: quien critique, paga. Periodistas y medios han enfrentado persecución judicial, censura previa, campañas de estigmatización desde plataformas oficiales y un uso discrecional del sistema penal para intimidar. El caso del periodista Jorge Luis González —sometido a procesos judiciales, intentos de encarcelamiento, sanciones económicas desproporcionadas y órdenes que le impiden referirse a Sansores— sintetiza una deriva autoritaria incompatible con cualquier estándar democrático. La imposición de filtros judiciales para autorizar contenidos antes de publicarse no es sólo un abuso: es censura previa en su forma más burda, prohibida por la Constitución y por los tratados internacionales firmados por el propio Estado.
Este tipo de medidas no buscan reparar un daño real ni proteger derechos, sino castigar el disenso y enviar un mensaje al resto del gremio: la crítica tiene costo. El resultado es un efecto inhibidor profundo que trasciende a los casos individuales y se instala como política informal de control informativo. Cuando la justicia se usa para intimidar, deja de ser justicia y se convierte en herramienta de silenciamiento. El impacto ya es visible. En Campeche desaparecieron los periódicos impresos, el miedo se volvió regla y el silencio, estrategia de supervivencia. Reporteros locales reconocen que muchas columnas ya no se firman, no por falta de información o argumentos, sino por temor a represalias legales, económicas o personales. La autocensura, siempre más eficaz que la censura abierta, se ha normalizado como mecanismo de defensa.
A este clima se suma la estigmatización sistemática desde el poder. Espacios oficiales han sido utilizados para exhibir, desacreditar y señalar periodistas, colocándolos como adversarios políticos o enemigos públicos. Esta narrativa no es inocua: cuando una autoridad señala, otros atacan. La historia reciente del país demuestra que la descalificación desde el poder suele ser la antesala de agresiones más graves.
Nada de esto es anecdótico ni local. Cuando un gobierno estatal logra convertir la ley en un instrumento de castigo contra la crítica, se sienta un precedente peligroso para todo el país. La criminalización del periodismo bajo figuras ambiguas como “odio” o “violencia” no protege a la sociedad, sino al poder del escrutinio y vacía de contenido el debate público.
Aquí es donde el problema deja de ser sólo de Campeche y se vuelve una bomba de tiempo nacional. Si desde Palacio Nacional no se exige una rectificación clara, pública y verificable, el mensaje implícito es de tolerancia —cuando no de complicidad— frente a estos abusos. La omisión también es una forma de responsabilidad política, sobre todo cuando se presume un compromiso con los derechos humanos y las libertades democráticas.
La libertad de expresión no es un favor del gobierno ni una concesión graciosa: es una condición básica para la democracia, la rendición de cuentas y el derecho a estar informado. Permitir que un estado convierta la censura, el acoso judicial y la estigmatización en política pública es aceptar que la crítica sea tratada como delito.
Lo que hoy ocurre en Campeche no se quedará en Campeche. O se corrige ahora, o terminará estallando en el centro mismo del poder federal. Porque cuando se persigue a la prensa, lo que realmente se intenta silenciar no es a los periodistas, sino a la sociedad entera.