Red Familia advierte sesgo ideológico de la SCJN en proyecto de sentencia de aborto en Aguscalientes

Red Familia advierte que el proyecto de la SCJN sobre aborto en Aguascalientes rebasa el análisis jurídico e impone una visión ideológica y antropológica desde el Poder Judicial.

Imagen de la asociación Red Familia - La familia es la solución
Imagen de la asociación Red Familia - La familia es la solución

• “Como lo dijo la presidenta Sheinbaum: la Corte no legisla. La resolución reduciría el margen democrático de los congresos estatales para legislar en temas socialmente complejos”, Red Familia.

Red Familia expresa su preocupación ante el sesgo ideológico en el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada, en materia de aborto y protección de la vida prenatal en el estado de Aguascalientes.

Más allá de la discusión sobre un plazo específico, el proyecto refleja una visión constitucional y antropológica profundamente ideológica que reduce el margen democrático de deliberación de los congresos estatales y normaliza el uso de categorías y afirmaciones que van mucho más allá de un análisis estrictamente jurídico.

Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, señala que el documento incorpora expresiones y razonamientos que no son neutrales, como el uso reiterado de conceptos ideológicos específicos y afirmaciones bioéticas altamente controvertidas, incluyendo señalar que en determinadas etapas del embarazo “no es posible afirmar que estamos en presencia de un ser humano”. Una sentencia constitucional debe resolver conflictos jurídicos, no adoptar como verdad oficial una postura filosófica determinada.

Agregó que en una democracia constitucional la Corte tiene la responsabilidad de actuar con especial prudencia y neutralidad frente a debates profundamente sensibles para millones de mexicanos. “La función de un tribunal constitucional no es legislar, ni sustituir el debate democrático, mucho menos imponer una visión antropológica única desde el Poder Judicial”, resaltó Laura Hernández.

Recordó que México ha firmado tratados y convenios internacionales donde reconoce el derecho a la vida, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3º señala que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En el artículo 6º señala que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

“Nos preocupa profundamente que este proyecto de sentencia no solo invalide prácticamente de manera integral la regulación aprobada democráticamente por el Congreso de Aguascalientes, sino que además avance hacia una lógica de despenalización estructural del aborto en México, al sostener que el uso mismo del derecho penal para proteger la vida en gestación sería contrario al Estado democrático de derecho”, señaló la directora de Asuntos Públicos de Red Familia.

Resulta especialmente delicado el nivel de ideologización presente en el proyecto, que llega incluso a construir la maternidad como una carga incompatible con el goce pleno de derechos y libertades de las mujeres, reduciendo la experiencia materna a un factor de opresión estructural. “La Corte no puede convertir una visión antropológica debatible en una regla constitucional obligatoria para todo el país”, sentenció.

El proyecto reduce de manera cada vez más estrecha el margen de configuración legislativa de las entidades federativas. Aunque formalmente no fija un plazo único para el aborto en México, materialmente empuja hacia un modelo nacional uniforme construido desde criterios judiciales y no desde la deliberación democrática; con esto, se arriesga a una confrontación directa con gobernadores y legisladores.

Red Familia reitera que México necesita una conversación seria, humana y equilibrada que proteja tanto la dignidad de las mujeres como el valor de la vida prenatal, sin caer en polarizaciones ni imposiciones ideológicas.

Asimismo, hace un llamado a que el debate público se conduzca con apertura democrática, respeto institucional y auténtico pluralismo constitucional.

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