La propuesta (completa) del proyecto de nación que impulsa Ricardo Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila, hizo pública su propuesta de democracia y participación ciudadana para el proyecto de nación que impulsa.

Hay aspectos que llaman de inmediato la atención. Se define como socialdemócrata, la ley sí es la ley, son necesarias las OSC y le dice no a partidos antidemocráticos.

El siguiente es el texto compartido por el senador. 

La socialdemocracia está profundamente comprometida con el Estado de

Derecho, lo cual implica invariablemente respetar la Constitución y las leyes

que de ella emanen, y cuya acción política se desarrollará dentro de la

legalidad y en abierto rechazo a la violencia como vía para hacer avanzar sus

intereses. Es una de las causas fundamentales lograr que la ley se convierta en

México en el marco real de las relaciones sociales, y no sólo un referente con

el cual se negocie.

Un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso porque, por

ejemplo, los inversionistas nacionales y extranjeros carecerían de incentivos

para la creación de nuevas empresas y de los empleos correspondientes, tan

necesarios hoy. Debemos reforzar el respeto por la ley, tanto ciudadanos como

autoridades deben entender que es necesaria para mantener la cohesión

social. Lo importante, como decía Montesquieu es que “la fuerza de la ley sea

aplicable a todo el mundo”.1

Es imprescindible una reforma integral al sistema de impartición y

procuración de justicia que permita combatir efectivamente el crimen, que

termine con la impunidad de los que lo cometen, y que permita ejercer

plenamente el derecho ciudadano a la seguridad pública y al respeto de los

derechos humanos.

En democracia, debemos ser respetuosos de la diversidad, no somos un país

monocromático por lo que cada color debe quedar sumarse al conjunto para

poder alcanzar un mural que nos represente a todos.

De acuerdo con nuestra Constitución, sostenemos que el laicismo es un

principio básico de convivencia en una sociedad plural y heterogénea; como

una conquista civilizatoria irrenunciable y lo entiende como el principio que

garantiza que las religiones no tengan influencia en el Estado, ni que el Estado

intervenga en los asuntos religiosos.

Deploramos cualquier programa de corte conservador o comprometido con

un proyecto de velada restauración. La socialdemocracia está proyectada

hacia el futuro. Se propone colocar al pensamiento de la izquierda

democrática -fuera de todo ánimo de revancha y libre de toda parálisis y

dogmatismos- en el centro de la construcción de ese espacio de coexistencia

política que requiere México en los albores del nuevo siglo.

Para consolidar el estado de derecho, se debe tener la certeza de que la ley es

la ley.

A) DEMOCRACIA

En México, la democracia pasó de ser una promesa incumplida a una

experiencia en construcción. Durante décadas, la lucha política desde las

izquierdas en México, y particularmente de la izquierda democrática, se

concentró en la apertura de un régimen construido férreamente para

garantizar la reproducción del sistema político mexicano bajo sus propios

términos.

A pesar de la existencia de un sistema electoral poco competitivo y de la

celebración periódica de elecciones para la renovación de los poderes

públicos, el modelo estaba diseñado para garantizar la existencia mínima de

una oposición que permitiera legitimar las acciones del régimen político. Sin

que ello se tradujera en la incorporación real de la agenda social y democrática

a las tareas de gobierno.

Sin embargo, el clima de descontento social y político, llevó al modelo a sus

límites. La falta de apertura a la pluralidad política, así como represión y

violencia como única respuesta, orilló a la sociedad civil a tomar partido entre

una estrategia insurgente o la lucha institucional sin apostar a la ruptura del

orden constituido sino a su transformación. La izquierda democrática, por su

parte, emprendió el camino de la lucha política dentro de las instituciones

hasta lograr reformarlas para beneficio colectivo.

El punto de inflexión fue, sin duda, el proceso de reforma político-electoral de

1977 que sentó las bases para la democratización del régimen político. A partir

de la incorporación de nuevas organizaciones partidistas a la arena electoral,

principalmente de izquierda, se abrió progresivamente la puerta a la

pluralidad política a al mismo tiempo que se luchaba por garantizar

condiciones justas de competencia electoral para todos los partidos. La

democracia mexicana estaba, hasta el momento, bajo el dominio del partido

de Estado que hizo de la defraudación a la voluntad popular su estrategia de

conservación del poder.

El proceso de cambio político en México permitió dimensionar que la

alternancia dentro de un sistema de partidos que favorecía a los tres partidos

encargados de su diseño, comprometía el correcto funcionamiento de las 

instituciones electorales y la garantía de respeto a la voluntad popular.

Durante los años de la apertura política –plenamente coincidente con la

transición hacia el neoliberalismo– la construcción democrática se convirtió

en una promesa incumplida.

Incumplida, sin embargo, en dos sentidos: por un lado, porque la necesaria

ciudadanización de las autoridades no terminó por desterrar el fantasma del

fraude electoral. Por el otro, porque el imperfecto juego del cambio

democrático de poderes no se tradujo necesariamente en mejores condiciones

de bienestar para la sociedad. En una relación inversamente proporcional,

entre más recursos se le destinaban a la higiene de elecciones, sectores cada

vez más amplios de la sociedad experimentaron la precarización de su

bienestar social.

Esta tendencia parece haberse interrumpido con la histórica victoria de la

izquierda democrática en 2018. Ante el fundado temor de un nuevo fraude

para impedir a toda costa la puesta en marcha de un Proyecto Alternativo de

Nación, la contundencia de los resultados impidieron que las irregularidades

que pudieran presentarse no fueran factores determinantes para el desenlace

de la elección. A partir de entonces, se construyó un gobierno

democráticamente electo con el legítimo mandato de terminar con las

condiciones de desigualdad social que caracterizan a nuestra modernidad

democrática.

Hacia el futuro, es necesario diseñar los instrumentos y mecanismos que nos

permitan terminar de saldar las deudas de la transición a la democracia.

Ninguna institución se mantiene intacta en el tiempo, la naturaleza dinámica

de las sociedades las obligan a adecuarlas a las nuevas realidades. Esto nos 

permite centrarnos en la necesidad de perfeccionar aquellos aspectos dentro

del sistema electoral para reajustar las condiciones del juego democrático

hasta satisfacer a todos los actores involucrados.

Esta profundización en la reforma de los mecanismos democráticos nos

permitirá potencializar el alcance histórico de la victoria de la izquierda

democrática en México: hacer parte de nuestra cultura política el hábito del

voto y el respeto a la voluntad popular. Si existen instituciones que deban

rediseñarse, ese será un debate que daremos de forma responsable y con miras

a la reconciliación de las distintas posturas, hasta alcanzar un punto de

equilibrio.

Por otro lado, la siguiente etapa en la ruta de la apertura política, implica la

ampliación de la participación ciudadana. Para el proyecto socialdemócrata,

el involucramiento de la sociedad en la toma política de decisiones es

determinante para cerrar la brecha de representación entre autoridades y

ciudadanía. Las conquistas alcanzadas en materia de democracia directa –

consulta popular, iniciativa popular, revocación de mandato, etc.– pueden

perfeccionarse para hacerlas más accesibles. Pero también es necesario

ampliar su alcance y que se conviertan en parte de la realidad institucional en

todos los niveles y órdenes de gobierno.

Una dimensión adicional que se propone respecto al desarrollo de la

democracia en México refiere a la expansión de la democracia a otros ámbitos,

cómo los partidos políticos. La crisis de representación política se originó en

buena medida, a partir del distanciamiento ideológico y programático entre

la sociedad y los partidos. Así como por el anquilosamiento de las estrcuturas 

partidistas que tiendan a la formación de oligarquías que dominan su vida

interna.

Por esa razón, no es posible hablar de un gobierno democrático, si la antesala,

la vida interna de los partidos está dominada por prácticas antidemocráticas

en todos los ámbitos de la vida partidista. En este proceso de democratización

de la vida interna de los partidos políticos, deben garantizarse condiciones

institucionales para la toma de decisiones y la resolución de conflictos

internos; así como mecanismos democráticos para el acceso a cargos de poder.

De igual forma, la democratización del sistema de partidos implica hacer

efectivas la transparencia y la rendición de cuentas. Como entidades de

interés público, los partidos políticos se benefician de un copioso

financiamiento público para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, la

modernización democrática no supuso un ejercicio transparente de los

recursos públicos que reciben los partidos políticos año con año.

En suma, la dimensión democrática del Estado que proponemos es un

llamado a mantener los mejores elementos de nuestros sistemas electorales y

de partidos, y revisar aquellos aspectos que, desde una construcción que

reconcilie la pluralidad política de nuestro país, puedan abonar al

perfeccionamiento de nuestra democracia.

El respeto a la voluntad popular, la ampliación de la participación ciudadana,

el perfeccionamiento de la rendición de cuentas y la apuesta por una cultura

democrática dentro y fuera de los espacios tradicionales de participación

política, representan una nueva etapa en la transformación de México. Pero, 

como nos enseña la historia, la democracia procedimental por sí sola no es

suficiente para alcanzar la justicia social. Por lo que esta debe articularse con

la democracia económica y la democracia social para alcanzar su verdadero

potencial como uno de los pilares de una nueva República.

Una democracia implica, por definición, diversos puntos de vista, sin

embargo debemos, ante todo, buscar la unidad. Esto no implica uniformidad,

desde luego. En la unidad nadie tiene que privarse de sus ideas ni de sus

preferencias y sueños. Toda diversidad cabe en la unidad, entendiendo ésta

como un valor de todo grupo que sostiene su cohesión, sus objetivos

esenciales, sin renunciar a su pluralidad.

La unidad no resuelve todo, pero nos coloca en condición de enfrentar con

éxito nuestros desafíos. La unidad es fortaleza, sí, y también es empatía,

tolerancia, solidaridad, respeto, pluralidad, armonía.

No hay duda de que los cambios impulsados por la 4T, como toda obra de

gobierno, han generado reacciones muy contrastantes, desde el aumento a la

crítica al poder público y reacciones muy conservadoras hasta, en el otro

extremo, radicalismos e intolerancias de quienes se atribuyen el monopolio

del diagnóstico y las soluciones únicas para el país. Por eso es importante que,

juntos, a través del diálogo respetuoso, encontremos las coordenadas que nos

pongan en la mejor ruta posible para alcanzar la tan anhelada prosperidad.

La democracia es un bien común que a todos nos corresponde preservar. 

Estamos convencidos de la necesidad de fortalecer una cultura política que

conciba a la sociedad como el espacio de libertad donde los derechos y las

obligaciones de los ciudadanos se ejerzan cotidianamente con apego a la

legalidad. Un espacio de libertad donde el compromiso social sea el soporte

de la negociación de los actores sociales entre sí y de éstos con el Estado.

Nuestra democracia debe avanzar de lo electoral a la social. Pasar de la

identificación de electores a la construcción de ciudadanía. Un México de

mujeres y hombres decididos a ejercer sus derechos y cumplir sus

obligaciones.

Estamos dispuestos a librar la batalla contra la despolitización que caracteriza

a las sociedades modernas. Porque solo ahí, donde los ciudadanos se

responsabilizan de sus convicciones y actúan en consecuencia, la democracia

puede volverse una práctica de convivencia entre los seres humanos y el

autoritarismo se ve desterrado definitivamente de la arena pública.

El desencanto con la democracia ha traído aparejado una crisis de credibilidad

y confianza. Para recuperar la confianza y exorcizar el escepticismo se

requieren como condiciones diálogo y más diálogo. Diálogo con los

simpatizantes, pero también con los que no coinciden con nuestros puntos de

vista. La confianza, la tolerancia, el respeto a la crítica y el ejercicio más difícil:

la autocrítica. En mi gobierno estaremos atentos a la crítica -que siempre es

constructiva- pero nos distinguiremos por la autocrítica. El primer paso para

resolver un problema es reconocer su existencia.

Si algo ha afectado el aprecio por la democracia, es la ineficacia

gubernamental. La razón es sencilla, la democracia no se ha traducido en

beneficios para la sociedad, la ciudadanía sigue en espera de las mejoras 

prometidas. Es decir, la democracia no se ha tornado en gobiernos eficientes.

Algunas democracias han perdido su brillo, su halo de madre protectora que

solventa todos los problemas, han dejado de ser novedosas y todo, por

ineficientes. Esto ha llegado al grado de que algunos añoran los regímenes

autoritarios que eliminan libertades a cambio de supuesta seguridad y

desarrollo.

En el Informe de Latinobarómetro 2021, se observa con preocupación que, de

18 países de la región que tenían democracias, dos han retrocedido, y se han

convertido en tiranías. Da cifras inquietantes sobre la fragilidad de la

democracia. Por ejemplo, que en la última década, el apoyo a la democracia

ha caído de 63% a 49% y que a un 40% no le molestaría vivir bajo un régimen

autoritario.2 Es decir, estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático

en aras de un progreso socioeconómico real. 

¿Cuál es el riesgo? "que la democracia se vuelva irrelevante. Que el ciudadano

concluya que es bueno votar, pero que las urnas no le cambian la vida. Si la

democracia es irrelevante, el peligro de golpe de Estado es reemplazado por

el peligro de muerte lenta, de languidecimiento democrático3. Esto hace que

las democracias modernas incluyan nuevas variables para medir su

desempeño e incluso para sustentar y ratificar su legitimidad. “La novedad

de la política contemporánea, la teórica y la práctica, es estructurar todos los

problemas o buena parte de ellos alrededor de la eficacia directiva de los

gobiernos. Una democracia vale básicamente por ser libremente elegida y

representativa, pero si no es eficaz, si no arroja resultados, es un gobierno que

empieza a erosionar su valor social(…)La eficacia se ha vuelto el sistema

métrico para evaluar a los gobiernos, para darles o retirarles la confianza.”4

Por ello se deben instrumentar mejores mecanismos para evaluar la eficacia y

la eficiencia gubernamental. Buscar los mejores servidores públicos, los más

capacitados, para poder cumplir con las metas, con los programas, pero sobre

todo, para cumplirle al pueblo de México. Así, resulta indispensable reforzar

la profesionalización del servicio público.

Por ello es importante que los estados y municipios también impulsen una

mayor cualificación de sus servidores públicos. Hay que buscar que

desarrollen un esquema de servicio público de carrera para mejorar la calidad

en la provisión de los servicios y ahorros de largo plazo en sus gastos en

recursos humanos.

Esto requiere una estrecha vinculación con el sector educativo y la formación

de cuadros profesionales con identidad con el sector público. Ello podría dar

realce a las instituciones educativas del sector público y generar el capital

humano que requiere la administración estatal y municipal. Dichos niveles de

gobierno podrían generar ahorros importantes en su nómina al otorgar

estabilidad y certidumbre a sus funcionarios y empleados, así como reducir

las posibilidades de corrupción o deserción de individuos que han

desarrollado un conocimiento valioso respecto a los servicios públicos en su

comunidad.

B) PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Un Estado democrático moderno debe incluir mecanismos de participación

ciudadana, “la democracia no significa el poder del pueblo, expresión tan 

confusa que se la puede interpretar en todos los sentidos y hasta para

legitimar regímenes autoritarios y represivos; lo que significa es que la lógica

que desciende del Estado hacia el sistema político y luego hacia la sociedad

civil es sustituida por una lógica que va de abajo hacia arriba, de la sociedad

civil al sistema político y de allí al Estado”.5

Así pues, hoy la estructura de la democracia está sustentada no sólo en la

sociedad sino en su participación efectiva. De hecho, la participación

ciudadana tiene múltiples efectos, “sin la oportunidad de participar en la

regulación de los asuntos que le interesan a uno, es difícil descubrir las

propias necesidades y deseos, llegar a juicios probados y contrastados y

desarrollar las excelencias mentales de tipo intelectual, práctico y moral. La

participación activa para determinar las condiciones de la propia existencia es

el mecanismo fundamental para el cultivo de la razón humana y para el

desarrollo”.6

Ahora bien, participación de la sociedad civil no significa bajo ninguna

circunstancia la suplantación del poder público o la desaparición de éste, sino

el fortalecimiento de ambos actores gracias a la coordinación surgida del

diálogo necesario entre gobernantes y gobernados que se da, entre otras

formas, a través de los mecanismos de comunicación e información que deben

existir en una democracia, permitiéndole su viabilidad y permanencia. “Del

equilibrio entre el Estado y la sociedad civil depende en gran medida el buen

gobierno democrático de cada país y por ende la gobernabilidad de su

sistema”.7 No es destruyendo instancias o instituciones como se fortalece el

modelo democrático. Más sociedad civil no implica menos gobierno, sino

mejor gobierno. Más eficaz, eficiente, incluyente. Coordinador de los

esfuerzos de todo el conglomerado social. Sociedad y Gobierno deben

conformar una sólida red que dé sustento al Estado. “La democracia se define 

no por la separación de los poderes sino por la naturaleza de los vínculos entre

sociedad civil, sociedad política y Estado.”8

Dada la dimensión de nuestra sociedad y su complejidad, se han creado

mecanismos para fomentar y organizar la participación social. Por ello, en

México contamos con la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas

por Organizaciones de la Sociedad Civil, que regula una de las tantas formas

en que las personas pueden participar en el desarrollo del Estado.

Atendiendo a cifras oficiales, en México hay entre 40 y 60 mil9 Organizaciones

de la Sociedad Civil (OSC); parecen muchas, pero son pocas si se considera la

proporción de OSC por cada 100 mil habitantes que alcanza en otros países

este tipo de participación.

Fuente: Carlos Chávez Becker, Pablo González Ulloa, “Las Organizaciones de la Sociedad Civil

en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

A pesar de eso, la sociedad, organizada o no, cada vez está más atenta y

participativa en la atención de la problemática social, y debemos alentar que 

se fortalezca aún más. La Sociedad Civil (SC) “mexicana ha sido un actor

crecientemente importante en la vida pública de este país. Se ha podido

constatar que es un actor cada vez más relevante e importante en la atención

de las problemáticas públicas y un agente activo de cambio social. En los

últimos diez años, la SC mexicana ha crecido, se ha multiplicado, ha

aterrizado cada vez más en áreas diversas de la vida pública del país, ha

ganado importancia en la gobernabilidad democrática, ha generado un

impacto cada vez mayor en términos del empleo y su contribución

económica.”10

Actualmente, la comunicación entre la sociedad civil y el Estado se ha

fragmentado a causa de recelos de los involucrados: el gobierno y la propia

sociedad organizada. Esta aprensión no sólo disminuye o lleva a cero el

diálogo sino que además reduce el alcance, la influencia y el beneficio de las

actividades y pronunciamientos de las OSC. Se trata de un activo que se

pierde o minimiza en momento en que se requiere de la participación de

todos.

Para avanzar con paso firme, gobierno y sociedad tienen que trabajar de

forma conjunta, con unidad. Esto no implica uniformidad de pensamiento o

de visiones, al contrario, la diversidad de opiniones e ideas pueden tener

efectos refrescantes para la política y el desarrollo de la comunidad. La

existencia de una ciudadanía integrada y participativa, tanto en el ámbito

político como en el social, requiere de la coordinación y la fructífera

interacción entre el Estado y la sociedad civil.

Por otro lado, no es desdeñable su participación en el PIB nacional. De

acuerdo con el INEGI, “durante 2020, el PIB de las Instituciones Sin Fines de 

Lucro (ISFL)11 alcanzó un monto de 647 654 millones de pesos, que equivale

al 3.0% del PIB Nacional12. Por componentes, las ISFL Públicas representaron

1.7%, en tanto que las actividades de las ISFL Privadas contribuyeron con una

participación de 0.7%. El restante 0.6% corresponde al valor económico del

trabajo de los voluntarios.

Las asociaciones que se dedican a las labores de enseñanza e investigación

generan 49.3% del PIB de las ISFL; las agrupaciones de desarrollo y vivienda,

13.5%; las actividades de religión, 10.8%; las tareas de salud, 7.2%; los

servicios sociales, que incluyen albergues, asilos o casas hogar, 6.3%; los

derechos, promoción y política, 5.5%; las asociaciones empresariales y

sindicatos aportan 4.6%; y la cultura y recreación, como casas de cultura,

museos, centros de exposición artística y centros de esparcimiento, suman 2.7

por ciento.”13

Hoy se hace necesario adecuar al Estado a los nuevos desafíos, entre otros el

de dotarlo de mayor fortaleza, agilidad y eficiencia en las respuestas. En el

marco de esta responsabilidad del Estado, las organizaciones de la sociedad

civil deben tener un importante papel en el necesario diálogo con los actores

públicos en el diseño y planificación de las políticas.

Creemos que es indispensable la existencia de organizaciones sociales que

sean interlocutores representativos de los individuos y legitimados por la

sociedad para mantener el pacto social entre los ciudadanos, a fin de arribar

colectivamente a un futuro distinto. 

La reflexión de los últimos tiempos nos lleva a concluir que lo que México

necesita es un Estado-en-la sociedad. Es decir, un Estado con capacidad de

gestión y de gobierno que esté enraizado en una sociedad organizada por

interlocutores visibles que a la vez tengan responsabilidades formales. Esto

implica la existencia de conexiones que liguen íntimamente a las instituciones

con la sociedad, de tal manera que ambos puedan establecer proyectos

compartidos y concretos de transformación. Como afirma Aguilar Villanueva,

“no hay Estado de Bienestar sino Sociedad de Bienestar; es decir, reconocer

que el bienestar colectivo es la resultante del trabajo, la productividad, la

inteligencia y responsabilidad de la sociedad en su conjunto, la económica, la

civil, la política y no sólo producto de los gobiernos con sus burocracias

dadivosas y productoras”.14

En este contexto, creemos que la enorme gama de organizaciones laborales,

campesinas, industriales, vecinales y étnicas que, entre muchas otras, han

emergido en los últimos años, son parte esencial de cualquier pacto

democrático entre los mexicanos.

Las organizaciones obreras juegan un papel de la mayor importancia en la

construcción socialdemócrata. Si bien las organizaciones laborales que hoy

tenemos han entrado en crisis junto con el arreglo político del que formaron

parte, como todo el tejido institucional mexicano están llamadas a transformar

sus modos de organización y participación para contribuir a la construcción

de un nuevo piso de coexistencia política entre los mexicanos.

Tenemos la convicción de que para arribar a un verdadero sistema

democrático, para desterrar la injusticia social, para potenciar el avance del

país, es necesaria una acción conjunta de todas las grandes fuerzas sociales y, 

en este sentido, los trabajadores, junto con los empresarios, son actores

fundamentales de la construcción del México del siglo XXI.

Creemos en el dialogo y la concertación como nuestras principales estrategias

políticas. Reconocemos que la evolución de la sociedad mexicana depende de

la acción conjunta de todos los actores para alcanzar el progreso sostenido.

Preconizamos una sociedad donde los individuos tengan conciencia de su

responsabilidad para con el ser humano y para con el planeta. Nuestra

finalidad es que este movimiento logre renovar el pensamiento y las prácticas

de la sociedad mexicana a través de la fe en el ser humano y en los recursos

naturales que nos permiten la existencia. Un pensamiento que respete a la

otredad, sea cual sea su forma de vida. Un pensamiento que nos permita

redescubrir los valores del humanismo y que haga prevalecer lo que nos une

sobre lo que nos separa o excluye.

México es un complejo de realidades económicas, políticas, sociales y

culturales, que es necesario tomar en cuenta para que las propuestas que

pretendemos construir con la sociedad incluyan las distintas visiones para

que la pluralidad sirva a la unidad y las diferencias ayuden a sumar y no a

dividir.

Queremos que en este proyecto se escuchen todas las voces y se vean

reflejados todos los rostros para que juntos enfrentemos los retos que

compartimos y que exigen un esfuerzo en común.

Mención aparte requieren las organizaciones que se ocupan del medio

ambiente, porque son pioneras en la creación de escenarios de Gobernanza 

Democrática y Participación Social. En efecto, la protección y conservación del

medio ambiente no son un asunto privativo de las instituciones públicas. La

participación de la sociedad es una condición sine qua non en la política

ambiental. Tenemos que articular una estrategia de participación en la que se

incluyan los sectores productivos, sociales y públicos.

El primer paso para lograr la participación es difundir y transparentar la

información, y luego transitar de la publicación de información a la

promoción. La política ambiental basada en la participación debe abrir

espacios y llegar a consensos. Mientras más acuerdos, más certidumbre y

fortaleza en las decisiones, más respaldo social y más beneficios.

El Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América

Latina y el Caribe), del cual México es parte, es un instrumento internacional

de suma importancia y uno de los mejores referentes en el tema de

participación ambiental.

Otro pendiente asociado a la participación es la protección a las y los

defensores ambientales. La labor social que realizan es invaluable y, hay que

decirlo, hacen labores de vigilancia que las instituciones públicas no suelen o

no alcanzan a realizar. Los defensores ambientales enfrentan a criminales

ambientales, como los talamontes, y son víctimas de varios tipos de

agresiones, entre ellas el homicidio.15

El Estado debe hacerse cargo de la protección de los defensores ambientales,

en atención al riesgo que corren en aras de defender lo que es patrimonio 

común, en un entorno en que, infortunadamente, las agresiones, incluso

mortales, son una contingencia probable y deben dejar de serlo.