Primer día de foros: ‘Inevitable’, cambiar la reforma a la ley de amparo

Después de que la mayoría de los participantes en el primer día de las audiencias públicas solicitaran cambios, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, anunció que “es inevitablemente” que la reforma a la ley de amparo “tenga ajustes para que salga una iniciativa más robusta” y esté “nítidamente redactada”, porque la Presidenta de la República no será quien restrinja derechos.

Ayer, diversos especialistas, incluidos quienes desde el primer momento mostraron respaldo absoluto a la reforma, solicitaron al Senado hacer cambios a la redacción, para evitar abusos de autoridad e incluso para impedir que los servidores públicos no asuman sus responsabilidades en caso de desacatar un amparo.

Fueron tres los temas que preocuparon a todos quienes pidieron cambios: la definición del concepto de interés legítimo; la suspensión provisional del acto reclamado y la sanción por el incumplimiento del amparo

Fabiana Estrada, cercana al exministro Arturo Zaldívar, quien es uno de los autores del texto de la iniciativa presidencial, consideró que sí es necesario hacer dos modificaciones a la redacción de la definición del concepto de “interés legítimo”, a fin de que no se genere una afectación a los derechos de las minorías.

Para evitar que pueda darse una interpretación restrictiva, me permito proponer dos modificaciones al texto de la iniciativa. Por un lado, agregar que la lesión puede ser individual o colectiva, en consonancia con el texto constitucional que lo prevé. Y por el otro lado, eliminar el requisito de que la lesión sea actual, porque bien podría ser inminente y que el beneficio obtenido con la sentencia sea directo, porque bien podría ser como parte de la pertenencia a un grupo”, explicó.

LOS PARTICIPANTES

Legisladores y especialistas llamaron a fortalecer la iniciativa.

CONTEXTO

El texto que contiene la iniciativa presidencial dice: “Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.

Y con la modificación que propuso al texto debe quedar: “tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, individual o colectiva, real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo”.

Añadió que con esos cambios “con eso el interés queda perfectamente diferenciado del interés simple, en función de la existencia de una lesión jurídica y de un beneficio concreto que se obtiene con la sentencia que se dicte, a la vez que se hace énfasis en que esto derive de la pertenencia a un colectivo”.

Gerardo Carrasco, quien también respaldó la iniciativa e incluso se burló de los “expertos” surgidos en redes sociales que la han criticado, consideró que ordenar que sea la institución y no el servidor público quien asuma la responsabilidad de no cumplir con un amparo incentiva el incumplimiento de un derecho ciudadano fundamental, pero también llamó la atención en el tema de la suspensión provisional del acto reclamado.

No podemos olvidar las concesiones que tienen cientos de familias en esta Ciudad, en alcaldías como Milpa Alta, Tlalpan o Xochimilco, que tienen para extraer, por ejemplo, agua del subsuelo y poder regar sus parcelas o los permisos y autorizaciones otorgados para operar micro y pequeños comercios a lo largo y ancho del país; por eso propongo medular esta fracción para evitar interpretaciones indebidas que restrinjan el acceso a la justicia de todas las personas, pero sobre todo de las más vulnerables”, dijo.

Otro de los especialistas en favor de la iniciativa, Ulrich Richter Morales, aseguró que esta reforma a la ley de amparo es necesaria.

He visto que las voces críticas conversan de las ONG, porque hay ONG que se han dedicado a desnaturalizar esta figura del interés legítimo y han abusado de este planteamiento; por eso ahora la reforma es muy sencilla. Plasma lo que dice la jurisprudencia; ya es visible en la propia Ley de Amparo, donde el juzgador, cada día, tendrá que atender al caso en particular”, dijo.

FLEXIBILIDAD

Luisa Conesa, en contraste, dijo que estos cambios restringen la flexibilidad del criterio para la aplicación del interés legítimo. “Sin duda el interés legítimo se ha convertido en una herramienta muy, muy importante, en cuanto a la democratización y el acceso amplio de las personas; quien tiene un interés jurídico tiene un acto que le afecta directamente a él, pero quien tiene interés legítimo forma parte de un colectivo, de una sociedad; me refiero a materia LGBTQ+, a materia de acceso a la salud. Si quitamos esto le vamos a quitar fuerza al amparo desde un sentido popular”.

Blanca Aguilar coincidió con Conesa. No se deben dar pasos hacia atrás en materia de flexibilidad del concepto del interés legítimo.

Jorge Alberto Prieto comentó que esta reforma es una involución y pone en riesgo la protección de los derechos; provocará que menos personas accedan al amparo.

José Antonio Santiago consideró que con esta reforma “el pueblo saldrá perdiendo”; Román Lazcano se dijo extrañado de que un partido, como Morena, que habla de que primero está el pueblo y los pobres, ahora impulse una reforma que “atenta gravemente en contra de los derechos humanos. Es evidente que esta reforma requiere de análisis, reflexión en todo el país, que colegios, agrupaciones, que todos la analicen”.

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cva