Injustificable

¡Qué manera tan innecesaria de erosionar la credibilidad de un país! Donald Trump volvió a la presidencia de Estados Unidos asegurando que no arrastraría al país a una nueva guerra y que dejarían de comportarse como el policía del mundo. Prometió no “desperdiciar” recursos militares ni económicos en contiendas que no le corresponden. Traicionó a su país, traicionó a MAGA, traicionó la Constitución. Otra vez en sábado por la madrugada, otra vez sin autorización del Congreso, otra vez mientras sus legisladores y ciudadanos duermen, otra vez en contra de la opinión pública y, otra vez, sin consenso. Una y otra vez el arcaico discurso de liberar una nación soberana, mismo que oímos hasta la náusea para justificar Irak, Afganistán, Siria, Kosovo, entre muchos otros.

Es necesario decir sin ambigüedades que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es ilegal al interior del país y en el plano internacional. En política nacional, la Constitución estadunidense otorga exclusivamente al Congreso la facultad de declarar la guerra. Salvo una amenaza inminente, que no existe en este caso, cualquier acto de guerra requiere autorización legislativa.

Trump ni siquiera lo consideró, está convencido que su opinión (y la de Netanyahu) son suficientes para arrastrar a su país a un conflicto bélico en Oriente Medio con miles de civiles atrapados y billones de dólares desperdiciados con la excusa de proteger intereses estadunidenses y un cambio de régimen. La historia nos ha demostrado, una y otra vez, lo que sucede con las intentonas de cambio de régimen, por ejemplo, el Irak desfragmentado o el Afganistán donde nuevamente los talibanes son amos y señores.

Las reacciones al interior no se han hecho esperar. Hakeem Jeffries exaltó que una acción preventiva es un acto de guerra que requiere autorización del Congreso. Zohran Mamdani criticó abiertamente estas acciones de guerra. Bernie Sanders se fue a la yugular, al asegurar que la ofensiva es ilegal e inconstitucional y que se van a repetir los errores de Irak. Alexandria Ocasio-Cortez apuntó que esta acción es innecesaria y vulnera el equilibrio de poderes. Y, justo por ello, es que a Trump le gusta actuar en las madrugadas del comienzo del fin de semana, para que las reacciones vayan de a poco y tarden.

En el plano internacional, la Carta de Naciones Unidas es muy específica: el uso de la fuerza tiene cabida únicamente en caso de legitima defensa frente a un ataque o con mandato del Consejo de Seguridad. La categoría de “ataque preventivo” no vuelve legales acciones unilaterales; mucho menos cuando ocurren en medio de negociaciones diplomáticas en Ginebra y en pleno Ramadán.

Justamente, el viernes se anunciaba que Irán aceptaría las condiciones relacionadas al enriquecimiento de uranio y que continuarían con las negociaciones diplomáticas. Frente a ello, la Casa Blanca buscó reforzar la narrativa de guerra con agravios históricos y sumó una nueva y burda acusación: que Irán detiene injustamente a ciudadanos estadunidenses. Recursos retóricos y sin sustento para justificar esta escalada militar.

Recordemos que en 2025, Donald Trump aseguraba que Washington destruyó las instalaciones vinculadas al enriquecimiento de uranio, ¿entonces que estaban negociando? Por supuesto energía y hegemonía. Irán produce 5% del petróleo mundial y por el estrecho de Ormuz se transporta una quinta parte del crudo global.

Así como Venezuela no vivió ninguna transición democrática con la caída de Maduro, en Irán no se busca liberar a ninguna mujer o defender a ciudadanos americanos. Si el criterio para esta intervención fuera el régimen autoritario, deberían buscar en las monarquías regionales que coexisten sin elecciones ni libertades ni respeto a los derechos humanos, pero que mantienen alianzas energéticas con Washington.

Los estadunidenses se encuentran en la encrucijada de continuar permitiendo la expansión del Poder Ejecutivo más allá del límite sin contrapesos efectivos. No se puede normalizar la guerra y la violación de las propias leyes como instrumento político. ¿Seguirán permitiendo que la ambición personal esté por encima de la Constitución y la credibilidad? ¿Hasta dónde?