Preocupa a la  CIDH paso lento de las pesquisas

A nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante los pocos avances que ha tenido la investigación para resolver el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, debido a la falta de entrega de información relevante por parte de la Sedena, incluso, yendo en contra de las órdenes presidenciales de entregar toda documentación relacionada con el caso, como ha sido reportado por el GIEI.

Al respecto, la CIDH ha recomendado, en términos estructurales, la importancia de evaluar los mecanismos de determinación de participación y responsabilidad de agentes militares frente a la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos.

En tal sentido, si bien una orden judicial de septiembre de 2023 ordenó la entrega de estos documentos y prohibió su destrucción, la CIDH encuentra que el litigio para la preservación de las piezas documentales pudo evitarse con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación. La CIDH espera que dicha orden judicial sea acatada.

El organismo dependiente de la OEA recomendó a México adoptar cambios y reformas en la estructura orgánica y funcional de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado, desde la más alta jerarquía para garantizar la transparencia en la información que generen estos cuerpos de seguridad nacional.

Estos cambios y reformas deben estar orientados a erradicar las prácticas de ocultamiento de información en la investigación y judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

La CIDH reiteró su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado “pacto de silencio”, garantizando medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes, a través de confesiones voluntarias y legales de las personas. Asimismo, instó al poder judicial para establecer las responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad.

Sin que en este tiempo se hubiera logrado conocer plenamente el paradero de los jóvenes desaparecidos, esclarecer definitivamente los hechos y sancionar a las personas responsables, la CIDH reafirmó su compromiso con las víctimas y su búsqueda de justicia.

La Comisión recordó que hace 9 años activó todos sus mecanismos disponibles para impulsar la búsqueda de los estudiantes. La primera decisión fue adoptar la medida cautelar MC-409/14 para la búsqueda de los 43, la atención de los estudiantes sobrevivientes de los ataques y la adopción de las medidas concertadas con las familias y representantes para la atención de los hechos.

Posteriormente, gracias al diálogo entre la CIDH y el Estado mexicano, se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para brindar asistencia técnica y coadyuvancia a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. El GIEI culminó sus actividades el 31 de julio de 2023 y entregó el último informe el 3 de agosto pasado.

En 2016, la CIDH también creó el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa (MESA), que a la fecha ha emitido tres informes de seguimiento con sus respectivas recomendaciones. Asimismo, ha convocado a audiencias públicas del caso y sostenido decenas de reuniones con autoridades del Estado mexicano, las familias de las víctimas y sus representantes.

Por otra parte, la CIDH recordó que para los representes de las familias de las víctimas resultó “inusual” el cambio de medida cautelar (de prisión ordinaria a prisión domiciliaria) otorgada a un general del Ejército investigado, bajo el argumento de que se trataría de un trato preferente por ser el beneficiario un militar.