Una vez más nos encontramos en un momento en que lo que más se requiere son decisiones que signifiquen un cambio profundo en las condiciones actuales de vida que padece toda la población.
México, como un país de más de 130 millones de habitantes, la decimotercera economía, es ya un factor importante en el panorama mundial. No nos quepa duda en que las decisiones que se toman aquí pueden tener repercusión en el equilibrio internacional, especialmente si consideramos que formamos parte, por razones geográficas y culturales, del imponente polo socioeconómico estadunidense.
La realidad que se ha venido confirmando cada vez más es que la administración de Morena construyó una economía criminal aliada a los enemigos de Washington con los cubanos, los rusos y chinos. El que nuestro socio Estados Unidos tenga en su agenda imponer su hegemonía en todo el mundo no es para nosotros sino un elemento más para tomar nuestras propias decisiones.
Llevamos ocho años del desmantelamiento de muchas dependencias e instituciones que fueron construidas con solidez y gracias a las cuales Morena pudo llegar al poder en forma tranquila y sin objeción. En estos ocho años hemos sufrido un serio deterioro en las instituciones y en los cimientos de gobiernos que nos les tomó décadas en afianzar. La peculiar visión trasnochada del socialismo de Morena de los años 70 del siglo pasado nos ha dejado desmantelada la democracia y el Poder Judicial y que tendrá que restablecerse.
Por una parte, la inseguridad que ha generado el narcotráfico a través de la incontrolada violencia que las más de las veces, ha venido frustrando cada vez más el desarrollo del potencial productivo que define la economía del país. De continuar este proceso, acabaremos por ver totalmente nulificadas las posibilidades de crecimiento económico que tanto urge.
Hasta el momento, las inversiones extranjeras han seguido en pie en lo que se refiere a la industria y la agricultura de exportación, que constituyen un soporte que hay que defender y multiplicar por todos los medios.
Por el momento en que vivimos es mucho más importante aniquilar el control que las mafias criminales ejercen sobre las decisiones del gobierno. Esta situación ha sembrado de inquietud en el todo el territorio nacional. Es un hecho que el narcotráfico controla 70% de nuestra geografía.
Es una funesta realidad que el control de las mafias sobre el gobierno ha llegado a tener una repercusión internacional. En primer lugar, las mafias no sólo han extendido su poder dentro de nuestro territorio, también se han asentado no sólo en Estados Unidos, sino también en Centro y Sudamérica. Se sabe también que su influencia crece en importancia en países europeos y asiáticos.
Por todo lo anterior, la primera tarea inaplazable es una acción concertada para extirpar de una vez y para siempre la destructiva realidad del crimen organizado. Hacerlo antecede todas las demás acciones del gobierno, porque de no atenderse de inmediato, incluso buscando el respeto al derecho, se imposibilita el desarrollo nacional.
Las demandas de los sectores populares que urge atender, a saber, el abastecimiento de alimentos y medicinas, la salud, la educación y la seguridad, no pueden avanzar mientras subsista el poder del crimen organizado que nulifica todo esfuerzo público y privado. No solamente incluimos a las grandes empresas, sino a las pymes y las asociaciones cívicas que también están sujetas al capricho de las mafias.
La insistencia de nuestro socio estadunidense de acabar con la inseguridad y la intranquilidad del crimen organizado en México ha sido constantemente desatendida por el gobierno, alegando argumentos huecos de soberanía. El argumento esgrimido de que no permitiremos ninguna injerencia extranjera por la soberanía que recelamos no se ha convertido en la acción que acabe con las mafias, sino que, por el contrario, las ha solapado.
Ante esta esta inatención de nuestro gobierno, Estados Unidos ha dado un paso más definitivo, acusando al gobernador de Sinaloa y a nueve individuos más de su connivencia con las mafias. Y, una vez más, la decisión que se expresa en el hipócrita argumento de que el reclamo estadunidense requiere de pruebas legales y fehacientes, lo que en realidad delata es la confirmación de la poca voluntad que tiene el gobierno para deshacer sus pactos y alianzas con las mafias. El tiempo corre y la Presidenta debe de tomar una decisión ineludible.