Por políticas, no descartan cierre de minas

Las políticas que en materia minera se están implementando en México han puesto en riesgo no sólo el desarrollo del sector, sino su continuidad en el futuro, pues no se descarta el cierre de operaciones de algunas minas, lo que provocaría la pérdida de empleos e inversiones, pero sobre todo los beneficios para el Estado, quien dejaría de percibir más de 72 mil millones de pesos anuales en impuestos.

Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México (Camimex), dijo que durante el sexenio se han dejado de otorgar concesiones, lo que ha frenado los trabajos de exploración, y al mismo tiempo no autoriza la expansión de las minas.

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Explicó que el gobierno federal ha designado al Servicio Geológico Mexicano (SGM) como el responsable de la exploración y desarrollo minero, sin embargo, tomando en cuenta su ritmo de trabajo y presupuesto, tardaría 60 años en arrancar la operación de una mina. “En los últimos 12 años se han invertido más siete mil 900 millones de dólares en exploración por parte de la iniciativa privada y, de acuerdo con la información programática del Servicio Geológico Mexicano para 2022, la inversión en exploración fue de 48.9 millones de pesos o 2.4 millones de dólares, es decir, 276.4 veces menos”.

Considerando un promedio de los últimos 12 años, la iniciativa privada ha invertido 663.4 millones de dólares en exploración y puesto en marcha 4.5 minas por año.

Sin embargo, “con el presupuesto asignado al SGM para este fin, se estarían invirtiendo 2.4 millones de dólares y arrancando 0.016 minas al año, en otras palabras y en el mejor de los casos, una mina cada 60 años. Esto sin considerar el alto riesgo del capital al tener la probabilidad de tener un proyecto convertido en mina y el ciclo de precios de los metales”.

MENOS INVERSIONES

La directiva dijo que el año pasado la industria minera proyectó inversiones por cinco mil 200 millones de dólares, mientras que para este 2024 el objetivo es alcanzar los cuatro mil 400 millones de dólares, pero esta cifra representa una caída de 15.4%, una tendencia a la baja que podría continuar en los siguientes años, sobre todo si se mantiene la política actual durante el siguiente sexenio.

La reforma a la Ley Minera, publicada en mayo de 2023, contempla diversas disposiciones que se consideran inviables en el corto plazo e intransitables en el mediano y largo plazo, aunado a los seis años que lleva la industria sin el otorgamiento de concesiones. Sin duda estas reformas harán que para 2024 las inversiones que se tenían contempladas se reduzcan”, dijo.

La inversión en exploración exige cuantiosos recursos económicos como capital de riesgo. “Con la reforma tendrán que ser erogados del erario”.

IMPULSOS

Acciones para mantener el desarrollo y las inversiones:

• Certeza y certidumbre jurídica en el marco regulatorio del sector.
• Permitir y estimular las actividades de exploración.
• Mejores condiciones fiscales, incluyendo la posibilidad de deducir los gastos preoperativos.
• Atención a las condiciones de inseguridad y garantía del Estado de derecho.
•  Atención eficaz y eficiente a los trámites que en materia minera atienden las diversas dependencias gubernamentales.
• Mejora del marco regulatorio para evitar sobrecargas o duplicaciones.

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*mcam