Piden juicio político por omisión y violaciones graves a la Constitución

La denuncia del PAN de juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señala que los hechos documentados sobre la probable existencia de vínculos con estructuras del crimen organizado, implica una responsabilidad de naturaleza penal y violaciones graves a la Constitución. 

“La asociación de personas servidoras públicas con una organización criminal transnacional, incluso considerada como terrorista, así como su participación en esquemas de protección, financiamiento y facilitación de actividades ilícitas, vulnera de forma frontal los principios de legalidad, honradez y lealtad en el ejercicio del servicio público. Asimismo, la utilización de recursos del Estado para fines ilícitos contraviene el mandato constitucional de que la seguridad pública debe ejercerse en beneficio de la sociedad, bajo el control civil y con estricto apego a la ley”, se alega en la solicitud presentada. 

En el documento, firmado por los coordinadores de los diputados y senadores del PAN, José Elías Lixa y Ricardo Anaya Cortés, se indica que las faltas del mandatario de Sinaloa deberían revisarse a la luz de una decena de artículos constitucionales.  

La solicitud de juicio político que este lunes se entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados plantea que el hecho de que organizaciones criminales hayan intervenido directa o indirectamente en procesos electorales, en el financiamiento de campañas, en la intimidación de actores políticos o en la generación de condiciones de ventaja indebida para la obtención o conservación del poder político en el Estado de Sinaloa, afectó estructuralmente el orden democrático, transgrediendo los principios correspondientes en los artículos 39, 40 y 41.

Se indica que “de los hechos públicos, notorios, documentados en investigaciones periodísticas nacionales e internacionales, así como de los señalamientos formulados por autoridades extranjeras respecto de la probable existencia de vínculos entre estructuras del crimen organizado” se derivan responsabilidades de naturaleza penal y violaciones graves susceptibles de análisis en el marco del artículo 110 constitucional.

De igual manera, señalan que se advierten violaciones al artículo 109 de la Constitución, en tanto impone a toda persona servidora pública la obligación de desempeñar su encargo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

“La eventual tolerancia, encubrimiento, colaboración, omisión deliberada o utilización del aparato estatal para favorecer intereses ajenos al interés público, particularmente cuando dichos intereses pudieran estar vinculados con organizaciones delictivas, constituyen una transgresión directa a los deberes fundamentales del servicio público”, de puntualiza. 

De acuerdo con los panistas, el gobernador Rocha Moya habría violado el artículo 116 de la Constitución que exige que el ejercicio del poder público en las entidades federativas se desarrolle bajo parámetros de legalidad, autonomía institucional, responsabilidad democrática y subordinación plena al orden constitucional federal. 

“La infiltración en la estructura gubernamental estatal de personas integrantes del crimen organizado para que fuera utilizada, tolerada o capturada para permitir la operación, protección o expansión territorial de grupos criminales, implica una afectación grave al régimen federal, al orden constitucional local y al adecuado funcionamiento de las instituciones públicas”, se explica. 

La denuncia de la principal bancada opositora en el Congreso igualmente se refiere a transgresiones al artículo constitucional 134 dada la utilización de recursos humanos, materiales, financieros, programas públicos, estructuras gubernamentales o cuerpos de seguridad para fines distintos al interés público, incluyendo eventuales compromisos políticos, electorales o de protección ilícita. 

Se enfatiza que lo anterior configura la vulneración directa de los principios constitucionales que rigen el ejercicio del gasto público y la administración gubernamental.

Los panistas hablan además de violaciones graves a leyes federales que materializan los citados mandatos constitucionales, particularmente en seguridad pública, responsabilidad administrativa, integridad electoral, combate a la corrupción y protección de la seguridad nacional.

Consideran que habría incumplimientos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez mandos policiales, responsables institucionales y estructuras de seguridad pública fueron designados, mantenidos o protegidos bajo criterios ajenos a la legalidad o bajo posibles influencias criminales.

“Se advierte violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriva directamente del sistema constitucional previsto en los artículos 108 y 109. Dicha Ley sanciona conductas como abuso de funciones, utilización indebida de información, desvío de recursos públicos, actuación bajo conflicto de interés, encubrimiento institucional o ejercicio indebido del cargo”, se enumera. 

“Se advierte que la titularidad del Poder Ejecutivo estatal fue utilizada para beneficiar intereses particulares, criminales o políticos distintos al interés público, actualizándose faltas administrativas graves con relevancia constitucional”, consideran los panistas. 

Y plantean que habría violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que concreta el artículo 41 constitucional, por “la intervención de organizaciones criminales mediante financiamiento ilícito, intimidación de electores, presión sobre candidaturas, coacción política o cualquier forma de injerencia ilícita en procesos electorales”.

En cuanto a la Ley de Seguridad Nacional, ordenamiento que tutela la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano frente a amenazas internas o externas, los parlamentarios de Acción Nacional alertan que el gobernante de Sinaloa habría incurrido en colaboración, tolerancia o facilitación desde estructuras gubernamentales con organizaciones criminales con capacidad de afectar la seguridad interior, el control territorial, el tráfico ilícito internacional o la estabilidad institucional.

“En tal sentido, se pone en evidencia que la actuación del C. Rubén Rocha Moya, como Gobernador Constitucional del estado de Sinaloa, se apartó de los principios constitucionales tendientes a destinar el uso de la fuerza del Estado para combatir la delincuencia organizada”, justifican.