El informe de la CIDH sobre desapariciones en México desenmascara ante el mundo a un país donde las madres buscadoras deben marchar para exigir vida y verdad, mientras otras son asesinadas por lo que el Estado no se atreve a hacer. El crimen contra Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta, integrantes de un colectivo de búsqueda en Salamanca, es la materialización del drama que la nación vive por la connivencia de la clase política con el crimen organizado.
El gobierno quiere administrar la desaparición con bases de datos sesgadas y discursos sin sentido. Se ha renunciado a defender a las mujeres y víctimas, y a cobijar a quienes se han aliado con los ejecutores. Por eso se entiende la persecución de Morena a la gobernadora de Chihuahua que combate a los grupos criminales. Hoy no se sabe si esa persecución proviene de los vínculos o lealtades a éstos.
El informe de la CIDH habla de más de 128 mil personas desaparecidas y de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia estatal; la cobertura reciente ya coloca el universo por encima de 130 mil. Lo verdaderamente grave es lo que esas cifras revelan: una maquinaria institucional incapaz de buscar con oportunidad, investigar con seriedad, identificar con rigor y proteger a quienes hacen el trabajo que las autoridades no hicieron.
El diario The Guardian advirtió que la participación de agentes estatales en desapariciones ocurre a una tasa alarmante. La CIDH no reduce el fenómeno al crimen organizado; advierte que los grupos criminales actúan con autorización, apoyo, tolerancia o “aquiescencia” estatal.
Esa palabra —aquiescencia— debe incorporarse a la ley penal. Significa que, cuando una autoridad entrega, permite, calla, se retira de una ruta conocida o protege redes criminales, el Estado no es espectador: forma parte del mecanismo de desaparición.
El lopezobradorismo y su consecuencia, Morena, achicaron el Estado, desmantelaron la judicatura federal y cedieron territorio al crimen. Hoy, esa lealtad que hereda la presente administración es el objetivo de la política trumpista a la que ningún mexicano se opone.
Para las personas buscadoras, el dato es todavía más brutal. Amnistía Internacional informó que desde 2011 han sido asesinadas, al menos, 35 personas buscadoras, 21 de ellas mujeres. No es una cifra aislada: la CIDH documenta que buscar en México implica amenazas, seguimiento, vigilancia, agresiones con armas, privación de libertad y desaparición de familiares. El propio Estado reconoció ante la Comisión que, en 80% de los ataques contra personas defensoras, el perpetrador no está identificado. Ahí se mide la permisividad.
La CIDH advierte que las buscadoras son defensoras de derechos humanos. No son “madres necias”, “familiares difíciles” ni “opositoras” o de “ultraderecha”, desdeñadas por el gobierno que encabeza justo una mujer. Si las asesinan, desaparecen o amenazan por buscar, el mensaje para los colectivos es claro: el crimen puede controlar territorios y el Estado no garantiza ni siquiera la vida de quienes intentan devolver nombre a los desaparecidos.
El dato judicial termina de cerrar el círculo. Entre 2018 y 2025, el propio Estado informó a la CIDH que, en el ámbito federal, se tramitaron 55 causas por desaparición forzada, con sólo cinco sentencias condenatorias firmes. Frente a más de 128 mil personas desaparecidas, esa proporción no describe errores administrativos: describe impunidad estructural.
Urge prevenir la desaparición como eje explícito de la estrategia de seguridad y hacer funcionar plenamente el Banco Nacional de Datos Forenses, ordenar la custodia de cuerpos, homologar registros y quitar obstáculos burocráticos a las víctimas.
¿Estas mujeres no se equiparan, acaso, a las Abuelas de Plaza de Mayo? La resistencia femenina frente al horror, la negación oficial y la impunidad.