Permanece Guanajuato entre 3 entidades con más homicidios

GUANAJUATO

Guanajuato cerró el año pasado en tercer lugar nacional en el número de homicidios, ya que de acuerdo con el Inegi se registraron 2 mil 252 asesinatos, cifra que sólo fue superada por Estado de México, con 3 mil 46 y Guerrero, con 2 mil 578.

Este año Guanajuato ya se encuentra en segundo lugar, con un total de mil 836, de enero a julio, esto según cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

En los últimos cinco días, Guanajuato registró 60 homicidios en municipios como Acámbaro, Apaseo el Grande, Tarimoro, Salvatierra, Valle de Santiago, Irapuato, Salamanca, Yuriria y Jerécuaro.

Te puede interesar: Registran 31 mil 174 homicidios en 2017

Al respeto el gobernador de la entidad, Miguel Márquez, insistió en que la situación no mejorará, en tanto que no se acabe con la impunidad y la famosa “puerta giratoria”.

“Es un problema generalizado en el país, que necesitamos, obviamente acotar el tema de impunidad, la impunidad ha hecho mucho daño al país y lamentablemente no han legislado al respecto, no lo han querido”, aseveró.

El año pasado esta entidad tuvo una tasa 38 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy superior a la nacional que fue de 25 por cada 100 mil.

Esta situación ha causado miedo e inseguridad a los guanajuatenses, a quienes les ha tocado vivir experiencias cercanas a este fenómeno, como a Consuelo Ponce, quien dijo que en la zona donde habita han dejado ya varios cuerpos.

Pues en mi cuadra en dos ocasiones han llevado fallecidos que dejan en carros, muertos que dejan en las cajuelas”, dijo.

Mientras que Sabino García dijo vivir con temor e intranquilo, pues aseguró que “siempre está uno a ver a qué horas le toca”.

“Ahora ya vemos asesinatos por todos lados, a mí me tocó hace poco en la entrada del fraccionamiento que maratón a una mujer, cuando antes, pues en la vida pasaba eso”, comentó al respecto Mariely Márquez, vecina de León.

Para las autoridades estatales es importante que se modifique el artículo 19 constitucional, para garantizar la prisión preventiva y sanciones más severas para la delincuencia organizada.