Peritaje independiente cuestiona versión oficial en el asesinato de Carlos Manzo

A más de mes y medio del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán volvió a ser cuestionada. La defensa de los escoltas detenidos presentó un peritaje independiente que contradice la hipótesis de la autoridad y niega que haya existido una ejecución extrajudicial en el lugar de los hechos.

Según la Fiscalía estatal, durante el ataque ocurrido en la plaza principal de Uruapan el pasado 1 de noviembre de 2025, se registraron siete disparos. De acuerdo con esta narrativa, seis de ellos habrían sido realizados por el agresor y uno más por un escolta, quien presuntamente tomó el arma del atacante y lo ejecutó en el sitio.

Este planteamiento llevó a la autoridad a sostener que existió una posible ejecución extrajudicial, además de señalar una supuesta omisión por parte del equipo de seguridad del alcalde, lo que derivó en la detención de los escoltas.

Peritaje independiente contradice la versión oficial

El abogado defensor Gustavo Carrión explicó que, si bien se contabilizaron siete disparos, estos no provinieron de una sola arma. El peritaje privado reveló que las balas atribuidas al agresor eran de color plateado y tenían la leyenda “Luger Mon”, mientras que los proyectiles correspondientes al escolta eran dorados y marcados con la leyenda “Águila”.

Esta diferencia en los casquillos indicaría el uso de armas distintas y desmontaría la acusación de que el agresor fue ejecutado con su propia pistola.

El casquillo dorado que cambia la narrativa

El centro de la controversia reside en un séptimo casquillo, identificado como indicio número 9. De acuerdo con el expediente, la Fiscalía recuperó seis casquillos grises en el sitio donde el adolescente disparó contra Manzo. Sin embargo, el casquillo del disparo que mató al agresor fue hallado en una jardinera y es dorado, con la leyenda “Águila”.

El criminalista privado comparó las marcas microscópicas de estrías que el cañón de un arma imprime en cada casquillo. Su dictamen concluyó que los seis casquillos grises corresponden a una pistola Pietro Beretta 9 mm del homicida, mientras que el casquillo dorado no coincide con esa arma.

Rechazo a la hipótesis de ejecución extrajudicial

Para la defensa, esta discrepancia balística demuestra que no se utilizó el arma del atacante para disparar posteriormente, como sostiene la Fiscalía. El abogado Carrión aseguró que la actuación de los escoltas se limitó al cumplimiento de su deber y a la neutralización del riesgo, acción que no constituye un delito ni puede considerarse un homicidio doloso. Además, negó que los escoltas hayan sido omisos durante el ataque.

La defensa también señaló que, al intentar proteger al alcalde, una de las agentes resultó herida de bala en un brazo. Este hecho, documentado en su expediente clínico, evidenciaría que sí hubo una reacción inmediata ante la agresión.

Según la defensa, este dato refuerza la versión de que los escoltas actuaron bajo una situación de riesgo real y no con la intención de ejecutar al agresor.

Postura de la Fiscalía

Pese a la evidencia presentada por el peritaje independiente, el fiscal Carlos Torres mantiene su postura. En rueda de prensa realizada el 28 de noviembre, afirmó:

Fue la misma arma. Ellos traen una prueba pericial, se respeta. Será el juez el que determine”

La Fiscalía insiste en que el disparo final fue realizado con el arma del atacante, aunque reconoce que será la autoridad judicial la que defina la validez de las pruebas.

La defensa lanzó un mensaje directo al fiscal general de Michoacán para que se hagan públicas las imágenes y los indicios recabados en la escena del crimen.

Pidieron que se muestren los elementos balísticos para que la sociedad pueda constatar si realmente existen coincidencias que respalden la versión oficial.

El abogado Carrión retó públicamente al fiscal:

Que científicamente salga a los medios (…) y justifique por qué considera que sí es el arma”

La teoría de “una sola arma” es el pilar de la acusación contra los escoltas, quienes enfrentan penas de 20 a 50 años de prisión por presunto dolo. La defensa cuestiona también la acusación de omisión, señalando que la agresión duró apenas 1.5 segundos, lo que limitó la capacidad de respuesta.