“El Padrino”, líder de Trata de Personas, busca la protección de la Corte
El representante legal sostiene que un juez de control actuó bajo competencia temporal por urgencia.
La estrategia jurídica de Juvenal "N", alias “El Padrino”, identificado por autoridades federales como líder de una red de trata de personas que operaba en el Bar Adelitas de Tijuana, Baja California, apunta ahora hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La defensa promovió que el máximo tribunal ejerza la facultad de atracción en el amparo en revisión 75/2025, con el argumento de que existe un vacío en la interpretación sobre competencia territorial entre tribunales de apelación.
El recurso fue presentado por el abogado Enrique Ambriz Avelar ante el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Baja California.
En el escrito, el representante legal sostiene que un juez de control actuó bajo competencia temporal por urgencia y que, tras resolver la situación jurídica del imputado, se declaró incompetente y remitió el expediente a Tijuana.
La defensa alega que el tribunal de alzada que conoció de la apelación no era territorialmente competente y que el órgano de amparo omitió estudiar de manera exhaustiva ese agravio.
Busca criterio obligatorio
El planteamiento busca que la Corte fije criterio obligatorio sobre qué tribunal debe resolver apelaciones cuando el juez de primera instancia actuó por urgencia. Para ello, invoca el artículo 107 de la Ley de Amparo y jurisprudencia relacionada con la facultad de atracción.
El movimiento judicial ocurre mientras Juvenal cuenta con ficha roja de la Interpol, lo que implica una notificación internacional para su localización y captura con fines de extradición.
Fuentes federales confirmaron que la orden de aprehensión en su contra permanece vigente, la cual ha evadido con apoyo de autoridades de los tres órganos de gobierno.
Ligado a la explotación sexual en Tijuana
La investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo ubica como presunto operador principal de una estructura dedicada a la explotación sexual en la zona norte de Tijuana, particularmente en el establecimiento conocido como Adelitas.
El recurso ante la Corte no suspende por sí mismo la ejecución de la orden de captura. Sin embargo, abre un frente legal que, de prosperar, podría retrasar actuaciones procesales clave.
En términos administrativos, la petición deberá ser valorada por el tribunal colegiado, que determinará si solicita o no la atracción del asunto al alto tribunal. Mientras tanto, el expediente sigue su curso. La orden judicial está activa y la cooperación internacional continúa.
La disputa ahora no es sobre los hechos imputados, sino sobre qué tribunal tiene la última palabra en esta fase del proceso, mientras decenas de víctimas de prostitución forzada, seguirán esperando justicia.
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