“No hay desaparecidos tras caso Tlahuelilpan”

TLAHUELILPAN, Hgo.

El procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, afirmó que los 137 restos de las personas fallecidas en la explosión e incendio ocurrido el 18 de enero de 2019 del ducto que atraviesa la comunidad de San Primitivo —en los límites de los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan— fueron entregados a sus deudos, por lo que no existen reportes de personas desaparecidas relacionadas con la desgracia.

“Todas las personas que nosotros levantamos quedaron identificadas, no hay desaparecidos y todas las personas que se levantaron del lugar los restos están identificados y entregados a sus familiares”, afirmó el fiscal hidalguense.

De acuerdo con el funcionario judicial, las carpetas de investigación por la muerte de los pobladores se mantienen abiertas hasta en tanto la Fiscalía General de la Republica (FGR) “resuelva su carpeta”.

“Es el fiscal de la República, quien tiene el asunto, porque es un delito del fuero federal”, señaló Arroyo.

De las 137 personas fallecidas tras la explosión de la toma clandestina en un campo alfalfar de la comunidad de San Primitivo, 68 fallecieron en hospitalización y 69 murieron en lugar.

De quienes perecieron en el sitio, en 52 casos los restos quedaron en estado de calcinación e incluso de carbonización, por lo que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) realizó pruebas de ADN para esclarecer la identidad de las víctimas. Tras la identificación, la entrega de los restos se realizó a partir del 27 de abril en instalaciones de la dependencia judicial.

Las víctimas de la toma clandestina no sólo fueron pobladores de Tlahuelilpan, sino que la tragedia se extendió a familias de nueve municipios más que conforman la región: Ajacuba, Atitalaquia, Mixquiahuala, Tetepango, Tepetitlán, Tezontepec, Tlaxcoapan y Tula.

Además, incluyó a un ciudadano de origen guatemalteco identificado como Hugo Godoy, de 39 años, y quien era conocido como Esquititos, cuyos restos fueron repatriados en mayo pasado a su país de origen.

De la noche trágica, solo 10 personas sobrevivieron a la explosión y posterior incendio del ducto Tula-Tuxpan, tras permanecer en hospitalización hasta por seis meses, algunos de ellos en el Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, Estados Unidos.

...y no cesa el huachicoleo

PACHUCA.— A punto de cumplirse un año de la tragedia en Tlahuelilpan, donde el 18 de enero de 2019 la explosión de un ducto de hidrocarburo provocó la muerte de 137 personas, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, lamentó que las actividades de huachicoleros persisten en el estado.

De acuerdo con el funcionario, aunque ha disminuido el tráfico de combustible, la actividad de los huachicoleros se ha intensificado en cuanto a la perforación de ductos, pues realizan “acciones desesperadas” como picar una tubería para distraer a los cuerpos de seguridad, mientras tratan de operar en otros puntos.

“Empezaron a llevar una dinámica estas personas, vamos a llamarles coloquialmente chupaductos, huachicoleros, una dinámica donde distraían con unas acciones o algunas fugas a los elementos del ejercicio e inmediatamente abrían otra toma. Están abriendo tomas en menos de una hora y en ese momento empiezan a extraer”, señaló el mando policial al explicar el incremento en la detección de piquetes en tuberías de Pemex que atraviesan por el estado.

Polariza tema en Congreso

A un año de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, la Primera Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, aprobó con modificaciones el dictamen por el cual se deberá reconocer a los más de 130 fallecidos por el estallido del ducto de Pemex como víctimas.

El dictamen exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la CNDH y la FGR para que reconozcan a los muertos y a sus familias como víctimas del estallido en la toma clandestina de Pemex donde se encontraban.

Los legisladores coincidieron también en que los afectados deben estar inscritos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y se les brinden las atenciones previstas en la Ley General de Víctimas.

Entre el PAN y Morena surgió un debate sobre el estado que deben guardar los afectados y fallecidos por la explosión. El panista Damián Zepeda expuso en su intervención que los deudos deben tener acceso al Renavi y apoyos económicos.

Los legisladores de Morena, integrados por Germán Martínez, Martha Guerrero y Ángeles Huerta, coincidieron en la necesidad de otorgarles responsabilidades basadas en un juicio.