México se vuelve circular

En México, la basura no es un tema de limpieza: es un retrato del país. En una bolsa negra viajan minerales, energía, agua y horas de trabajo. Durante décadas operamos con una lógica lineal —extraer, producir, consumir, tirar— y luego actuamos sorprendidos cuando el costo cayó sobre municipios saturados, rellenos rebasados y calles convertidas en estación final de todo lo que “ya no sirve”. Lo que está en juego no es sólo paisaje: es salud pública, presión fiscal y productividad perdida.

Por eso, la Ley General de Economía Circular (LGEC) importa. El decreto se publicó en el Diario Oficial el pasado 19 de enero de 2026 y la ley entró en vigor al día siguiente. No llega como ley ornamental; llega como un intento de mover el centro de gravedad: que el residuo deje de ser “final inevitable” y vuelva a ser insumo, mercado y responsabilidad.

La LGEC define su objeto con claridad: incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar residuos, y establecer concurrencia de atribuciones entre Federación, estados y municipios. Esto desplaza el debate: ya no hablamos sólo de dónde tirar, sino de cómo producir para que tirar sea la excepción.

El corazón conceptual se sostiene en dos ejes que van a cambiar conversaciones en manufactura, retail y logística. Primero, la Responsabilidad Extendida del Productor (REP): quién fabrica o importa deja de ser espectador cuando su producto se vuelve residuo; se vuelve responsable durante el ciclo de vida. La idea es simple y agresiva: que el costo de lo que ponemos en el mercado no se “socialice” al final como contaminación o gasto municipal, sino que se internalice mediante metas y sistemas de retorno, acopio, reparación, reutilización, reciclaje o valorización, según el sector.

Segundo, el Diseño Circular. Esta nueva ley obliga a los sectores productivos a generar o desarrollar productos con este enfoque cuando sea ambiental, técnica y económicamente viable. Aquí está la apuesta moderna: el Estado deja de mirar sólo el final del ciclo (el residuo) y se mete al principio (el producto). Eso significa discutir materiales, empaques, durabilidad, reparabilidad y trazabilidad. Y, como han señalado análisis recientes, la circularidad deja de limitarse a “gestión de residuos”: alcanza diseño de productos y procesos productivos. 

La ley, sin embargo, no prende el interruptor de golpe para todos. La REP se implementará de forma gradual, por sector o tipo de producto, mediante acuerdos generales que emitirá la autoridad ambiental. Ese detalle es el verdadero campo de batalla. La ley marca la dirección; los acuerdos pondrán metas, porcentajes, plazos, indicadores y mecanismos de cumplimiento. Para algunas industrias será un ajuste operativo; para otras, una reingeniería del empaque, la posventa y la logística inversa.

Para que el modelo tenga columna vertebral, la legislación recién aprobada crea herramientas institucionales: un Sistema Nacional de Economía Circular de coordinación, y un Registro en una plataforma nacional donde se inscribirá la “Gestión Circular” cuando un sector sea sujeto a REP.  También establece el Distintivo Nacional de Economía Circular, con vigencia de tres años, para reconocer prácticas y orientar decisiones de consumo y, potencialmente, compras públicas. No es un premio simbólico: es una señal de mercado sobre desempeño y cumplimiento.

Hay, además, un componente social que evita el pecado tecnocrático: el reciclaje inclusivo. La ley reconoce la aportación social, económica y ambiental de las personas recicladoras de base (pepenadores) y plantea modelos que las integren a la economía circular. En México esto no es un adorno narrativo; parte de la recuperación de materiales ocurre gracias a trabajo informal y con riesgos. Nombrarlo es admitir que la transición “moderna” no puede construirse sobre hombros invisibles.

Los transitorios ponen fechas al entusiasmo. El Ejecutivo tiene 180 días naturales para expedir el reglamento. Y las legislaturas locales cuentan con 180 días para armonizar su marco. Esto empuja la discusión al territorio, donde viven los cuellos de botella reales: recolección, separación, infraestructura, mercados secundarios y coordinación municipal. El éxito de la ley dependerá de esa ingeniería fina más que de los discursos.

También hay un mandato incómodo para la realidad física del país: los rellenos sanitarios autorizados deberán iniciar una reconversión progresiva para cumplir metas de reducción de disposición final en un plazo de cinco años, con posibilidad de prórroga caso por caso. La circularidad, aquí, toca cemento, rutas, contratos y presupuesto.

¿Para qué sirve todo esto, además de “cuidar el ambiente”? Para competir. En un mundo donde cadenas de suministro exigen evidencia de trazabilidad y reducción de residuos, esta nueva ley funciona como mensaje de que México quiere migrar de producir-consumir-desechar a un modelo que extienda vida útil y reincorpore materiales. Pero una ley no construye por sí sola plantas de reciclaje ni crea mercados secundarios por decreto ni inventa datos donde no existen. La LGEC es el arranque de un nuevo tipo de conversación entre gobierno, industria y ciudades sobre quién paga la factura del “final” de cada producto.

La basura seguirá llegando primero. La pregunta es si, por fin, México decidió recibirla con estrategia.