Nayarit, rehén del capricho del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero

En Nayarit, el clima social se ha enrarecido al grado de colocar a la Fiscalía estatal como el instrumento más visible del gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, debido a que esta dependencia actúa como brazo ejecutor de una administración que no tolera voces críticas hacia el mandatario, a quien en la entidad se refieren ya como el “Rey Chiquito”, que convirtió la crítica en delito y la disidencia en enemigo público.

En Nayarit, quién se manifieste contra el actual gobernador o cualquiera de sus decisiones, es acusado de los delitos de ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito por instrucción directa del Fiscal General de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano por mandato de Navarro Quintero.

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El descontento ciudadano se filtró incluso en las oficinas públicas. En semanas recientes, las protestas contra el gobernador desembocaron en un hecho poco común para la vida política local, que empleados del propio gobierno estatal fueran llevados a proceso penal por participar en manifestaciones y ejercer su derecho a la libre expresión.

Las acusaciones abarcan ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito. El mensaje es claro, cualquier acto de inconformidad puede convertirse en un expediente judicial.

“Rey Chiquito”, un liderazgo que no tolera críticas

Desde hace meses, la Fiscalía estatal opera con un sello que distintos sectores describen como represivo. En la entidad circula un mote que resume la molestia creciente contra el gobernador, el “Rey Chiquito”, un liderazgo que no tolera críticas, sobre todo después de decisiones polémicas como la concesión del estadio de béisbol “Coloso del Pacífico”.

Ese inmueble, presentado como emblema deportivo y financiado con 700 millones de pesos públicos, terminó en manos de una empresa privada (empresa Desarrollos Inmobiliarios Jaguares de Nayarit, S.A. de C.V.) que manejará el negocio en su totalidad.

El descontento se ha expresado sobre todo entre los trabajadores del estado, quienes acusan una política de intimidación. Las denuncias coinciden en un punto, que la Fiscalía estatal, ha comenzado procesos judiciales, contra todo aquel trabajado qué tuvo la mala fortuna de exigir sus derechos laborales, como solicitar aumento de sueldo.

Joel Alejandro Fernández Pérez, asesor jurídico del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), señaló en entrevista con Excélsior que la Fiscalía pidió al juez de control la pena máxima para los servidores que participaron en recientes protestas.

Recordó un despliegue inusual, unos 150 elementos encapuchados y armados que irrumpieron durante una manifestación integrada apenas por quince personas

Los agentes decomisaron teléfonos para impedir grabaciones y actuaron sin identificarse, lo que alimentó la percepción de hostigamiento”.

Para Silvia Olais Rivera, también asesora jurídica del sindicato, añadió que las carpetas de investigación avanzan sin sustento firme, mientras los trabajadores acumulan violaciones laborales previas. Afirmó que el proceso penal se utiliza como medida intimidatoria y que incluso familiares de abogados defensores han sido objeto de señalamientos para forzar el abandono de la representación legal.

De trabajadores a delincuentes

A decir de los trabajadores acusados de los delitos de ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito, exigir sus derechos laborales en Nayarit, los convirtió de la noche a la mañana en los delincuentes más buscados de la entidad.

A decir de Luz Adriana Rodríguez, adscrita a la Fiscalía local, y quien enfrenta tres delitos por manifestarse, tiene prohibido acercarse a su centro de trabajo por decisión de un juez de consigna. Sostiene que su única participación fue manifestarse de manera pacífica y que ahora se siente tratada como delincuente. Reconoce temer por su seguridad y por la de su familia.

Pues la verdad me da miedo el gobernador, ahorita está muy difícil aquí en Nayarit es muy represivo y pues da miedo la postura de él ante nosotros, los trabajadores que somos los mismos trabajadores que dependemos de él de la burocracia”.

Otro caso es el de María del Consuelo Llanos, empleada del Poder Legislativo, quien fue vinculada a proceso. Relató que desde que recibió el citatorio no ha podido recuperar la tranquilidad y que el daño emocional es profundo. Considera que las acusaciones carecen de sustento y pidió al gobernador intervenir para frenar lo que calificó como una persecución injustificada

Pues nos ha dicho que somos delincuentes, tenemos una causa penal en la cual fuimos vinculados, y pues nos hacen ver como criminales”.

Las versiones de los trabajadores coinciden en un punto: la protesta se criminaliza mientras las autoridades estatales evitan responder a los cuestionamientos de fondo. Y aunque el gobierno insiste en que Nayarit vive estabilidad, la presencia de procesos penales contra empleados que reclaman derechos laborales refleja un clima de tensión que difícilmente puede ocultarse, como lo hace el gobernador del Estado Miguel Ángel Navarro Quintero.

RLO